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Tres experiencias latinoamericanas 2. PDVSA Roberto González Amador
Nadie se sorprenderá demasiado si, el día de mañana, la administración de Felipe Calderón Hinojosa envía al Congreso una iniciativa de reforma constitucional en materia energética que proponga la conversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una entidad “autónoma” del gobierno. Eso mismo fue lo que hicieron los neoliberales venezolanos, años después de la privatización de los hidrocarburos decretada en 1976, con lo que, en los años 80 y 90, arrastraron a su país a abismos de pobreza sin precedentes. Venezuela posee la sexta mayor reserva petrolera del mundo. Durante más de medio siglo, de 1930 hasta la segunda mitad de la década del 70, logró un importante desarrollo con estabilidad social y mejoras en los niveles de vida. En 1976, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionalizó los hidrocarburos. Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la flamante empresa nacional, se convirtió en una especie de Estado dentro del Estado, y sus ejecutivos aplicaron en ella los criterios de las compañías petroleras internacionales para quienes habían trabajado a lo largo de muchos años, expone Bernard Mommer, investigador del Oxford Institute for Energy Studies y ex consultor del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela. Mommer considera que los sucesivos gobiernos de Acción Democrática (AD) y del Comité Organizativo pro Elecciones Independientes (COPEI), que estuvieron en el poder durante y después del auge petrolero de los años 70, fracasaron en crear un nuevo y eficiente régimen, fiscal y regulatorio, a la vez que implementaban desastrosas políticas de desarrollo, caracterizadas por una planificación pobre y por el despilfarro. “Esto finalmente llevó, después de 1989, a la ‘Política Petrolera de Apertura’ (o simplemente ‘Apertura’), que encaminó a la política petrolera venezolana hacia la reprivatización de la industria. Al mismo tiempo, la encaminó también hacia la minimización de los ingresos fiscales petroleros. El presidente Hugo Chávez se atravesó en este camino, pero la orientación de la política petrolera sigue siendo una cuestión que no sólo divide a la sociedad venezolana, sino también al movimiento chavista”, abundó el también ex asesor de Pdvsa, en un artículo publicado por Alternativa Sur, órgano del Centro de Investigación para la Paz. Una expresión concreta de esa “política de apertura” de la industria del petróleo en Venezuela se dio en el terreno fiscal. En la segunda mitad de la década de 1970, inmediatamente después de la nacionalización, el estado venezolano captaba una renta equivalente a 70 por ciento de los ingresos por exportación de crudo. Ese porcentaje bajó a 40 por ciento a finales de la década de 1990. “Hasta la nacionalización de 1976 el Ministerio de Energía y Minas era muy poderoso, porque debía controlar a las trasnacionales”, recuerda Bernardo Alvarez Herrera, actual embajador venezolano en Estados Unidos y ex viceministro de petróleo y gas. “Una vez decretada la nacionalización, el gran error fue optar por una empresa, Pdvsa, con niveles de autonomía (que) comenzó a decidir la política petrolera al margen del Ministerio. Empezó a actuar como si fuera el Estado y a través de esta vía se fue metiendo la política neoliberal”, añade. La apertura que permitió a empresas extranjeras operar en Venezuela después de la nacionalización de 1976 fue una “suerte de colonización”, en la que se consolidó la idea de que el Estado era malo por naturaleza y la empresa privada buena per se. “La visión del interés privado se fue imponiendo, el Estado perdió el control de su recurso natural”, subraya el diplomático. El gobierno del presidente Chávez comenzó a revertir esa política a partir de su arribo al poder en 1999. No sin sobresaltos, explica el embajador Alvarez, porque desde el grupo político y empresarial que controlaba Pdvsa se buscó desestabilizar al gobierno, incluso con una huelga petrolera. Y desde ese polo de poder se apoyó el fallido golpe de Estado de 2002. Los neoliberales implantaron un pensamiento que “concebía al petróleo como un commodity, una materia prima más, y no como un recurso natural que debe contribuir al desarrollo de un país”, resume. Ahora, dice, el gobierno ha “decidido ‘sembrar el petróleo’” en términos de crear una infraestructura productiva capaz de soportar en las siguientes décadas “cualquier hecho histórico, ya no una caída de precios sino incluso la superación histórica del petróleo como fuente de energía planetaria”.
En El desmantelamiento de Pemex, un ensayo publicado en febrero de 2008 por la revista Forma, de la Fundación Colosio, David Ibarra Muñoz, ex secretario mexicano de Hacienda, observa que en Arabia Saudita, Rusia y China, las rentas de explotación de hidrocarburos se usan como pivote del desarrollo económico. Al mismo tiempo, en China, Noruega, Indonesia y Brasil, son la base de la industrialización, mientras en Venezuela, Nigeria, India e Irán, y de nuevo en China y Noruega, esa actividad cumple objetivos distributivos. En el caso concreto de Arabia Saudita y Venezuela, añade el experto, satisface metas geopolíticas, pero en México y en Nigeria, por lo contrario, sirve para mantener tasas impositivas anormalmente bajas.
La concepción del petróleo como instrumento de distribución de la riqueza es una de las bases del cambio que ha experimentado la política petrolera venezolana en los últimos ocho años, y de la estrategia de operación de su empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En esta ecuación también juega un papel importante la certeza del gobierno del presidente Hugo Chávez de que el mundo va a necesitar del petróleo como fuente principal de energía por varias décadas más. “Desde Venezuela tenemos una visión optimista para las próximas dos décadas”, reitera Rodrigo Cabezas, quien hasta enero pasado fue ministro de Finanzas del gobierno de Chávez, cuando se le pregunta sobre los niveles que a su juicio tendrá el precio del crudo en los años venideros. “Hemos entrado en una etapa bonancible de petróleo, y no es posible, en rigor científico y técnico, avizorar en el mediano plazo la posibilidad de que los precios regresen a niveles de la década de 1990”, inferiores a 20 dólares por barril. Hace ya muchos años, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, ganador del premio “Rómulo Gallegos” y de muchas preseas literarias más, acuñó la expresión “economía destructiva”, para criticar la explotación de recursos del subsuelo sin visión estratégica de largo plazo. En un célebre artículo publicado en el diario caraqueño Ahora el 14 de julio de 1936, explicó: “La economía destructiva es aquella que sacrifica el futuro al presente, la que llevando las cosas a los términos del fabulista se asemeja a la cigarra y no a la hormiga”. Por lo tanto, añadió, “urge crear sólidamente en Venezuela una economía reproductiva y progresiva. Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. ”Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales. ”Si hubiéramos de proponer una divisa para nuestra política económica lanzaríamos la siguiente, que nos parece resumir dramáticamente esa necesidad de invertir la riqueza producida por el sistema destructivo de la mina, en crear riqueza agrícola, reproductiva y progresiva: sembrar el petróleo”. Hoy en día, el conjunto de planes y proyectos de desarrollo de la industria petrolera venezolana bajo la dirección del presidente Chávez se llama Plan siembra petrolera 2005-2030, en reconocimiento a las ideas de Uslar Pietri, una decisión que, por cierto, suscitó la protesta de uno de los hijos del escritor que no simpatiza con el actual régimen. En todos los foros, la fórmula “sembrar el petróleo” es defendida por altos funcionarios del gobierno de Chávez. “Nos hemos preparado para tratar de recuperar dos décadas perdidas, las de los años 1980 y 1990, donde sufrimos políticas ordenadas por el Fondo Monetario Internacional, y aplicadas por los gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez que nos llevaron a niveles de pobreza nunca vistos en Venezuela”, expone el ex ministro Cabezas. Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, en el marco de un colapso de precios del crudo, que había desplomado los indicadores de referencia a 15 dólares por barril. En ese momento México, Rusia y Noruega –que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)–, participaron en una primera iniciativa multinacional destinada a recuperar el valor del hidrocarburo a partir de recortes orquestados en la producción. Hasta antes de 1999, Pdvsa, por decisiones propias, no había aceptado las cuotas impuestas por la OPEP, pese a que Venezuela si es miembro del organismo. En ese sentido, actuaba más en función del interés de los países consumidores que de los productores, como señala Mommer. Chávez y su ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez Araque, comenzaron a defender los precios desde 1999 y diseñaron medidas de control sobre los recursos naturales y la política fiscal. El camino seguido fue someter a Pdvsa para hacerla pagar regalías, que a diferencia del impuesto sobre la renta son inmunes a la manipulación de los costos de producción. Pdvsa fue obligada a entregar regalías basadas tanto en los precios internacionales del crudo como en el producto de sus operaciones en el extranjero, ya que operaba algunas refinerías en Estados Unidos. De tal modo dejó de transferir la renta petrolera venezolana al exterior. Así, Venezuela logró en ocho años recuperar el control sobre sus hidrocarburos y elevar los ingresos fiscales derivados de su explotación. Ha abonado al fortalecimiento de la OPEP y, por extensión, de los productores. Opositores al gobierno aseguran que el presidente Chávez ha empleado los dólares del auge petrolero para financiar un proyecto político propio; sin embargo, es un hecho que la riqueza derivada de esta industria ha financiado la construcción de lo que el embajador Alvarez llama “la infraestructura social”: educación, salud, investigación y programas contra la pobreza. Ahora Venezuela enfrenta un proceso de arbitraje en una corte de Londres, Inglaterra, planteado por Exxon Mobil. La firma estadunidense consiguió que fueran congelados 12 mil millones de dólares de las cuentas de Pdvsa en bancos internacionales, bajo el argumento de que el Estado venezolano había violado contratos firmados antes de 1999. El gobierno venezolano no reconoce el arbitraje internacional. La batalla está en curso. |