■ Los liberados no cometieron delitos, concluye investigación

En un “acto de justicia”, el gobierno de Chiapas excarcela a 137 personas

De la redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 31 de marzo. En el acto Libertad para hacer justicia, efectuado aquí esta tarde, el ministro de Justicia del estado, Amador Rodríguez Lozano, presidió la ceremonia mediante la cual el gobierno estatal “devolvió la libertad a 137 personas que se encontraban recluidas en 11 de los 14 centros de readaptación social que existen en la ciudad”, luego de una exhaustiva revisión de sus casos, realizada por la Mesa para la Reconciliación con el Movimiento de Chiapas.

Rodríguez Lozano subrayó que a las personas que se les devolvió la libertad se debió a un acto de justicia, porque en las constancias probatorias que obran en los expedientes estudiados “se llegó a la conclusión de que no son responsables de los hechos que se les acusan”.

Y también refirió que el análisis jurídico de los expedientes de algunos de los internos que están en huelga de hambre permitió determinar que no es posible dejarlos en libertad, entre otras razones jurídicas, porque hay pruebas periciales positivas, sindicación directa por las víctimas, testigos de cargos reales, ratificación de testimonios de cargo y suficientes pruebas indiciarias y presuncionales.

Ante las personas excarceladas, Rodríguez Lozano aseveró que las distorsiones que existieron en la procuración y administración de justicia han abierto profundas heridas en la sociedad a los largo de la historia de Chiapas y ha generado sentidos reclamos de individuos, comunidades y sociedad civil.

En su discurso, el ministro de Justicia, continuó: “por esta razón y por una profunda convicción personal, el gobernador Juan Sabines, desde los primeros días de su gobierno, tomó diversas medidas orientadas a dar respuesta a este clamor social”, como el acto que fue reconocido por los organismos de derechos humanos como un hecho sin precedente en el país, “cuando el gobierno de Chiapas pidió perdón públicamente a los familiares y a las personas que fueron víctimas de la agresión sufrida en el caso Jaltenango.

Rodríguez Lozano aseveró que “el mensaje es muy claro: este gobierno no regateará nunca a las personas el ejercicio pleno de sus derechos y garantías individuales; para este gobierno los mayores enemigos de la justicia son los que la deshonran”.

El ministro de Justicia del estado subrayó: “un acto de justicia es lo que nos convoca el día de hoy, a la representación de los tres poderes constitucionales del estado, a la sociedad organizada y a los organismos que trabajan en defensa de los derechos humanos”.

Rodríguez Lozano exhortó a los recién liberados a ir a su casa, no sin dejar de recordarles que la obtención de su libertad es una nueva oportunidad para ser mejores. “La sociedad espera de ustedes que después del esfuerzo que han realizado tantas personas para su liberación, se entreguen a la construcción de una nueva realidad para todos. Que los años que estuvieron en cautiverio no los haga albergar odio en sus corazones y les permitan tener una conducta que sea un ejemplo para sus hijos, sus familias y sus conciudadanos”.

Precisó que los trabajos de análisis jurídico de los expedientes de los internos que están en huelga de hambre, “permitió determinar que en el caso de algunos de ellos no es jurídicamente posible dejarlos en libertad, entre otras, por las razones siguientes: pruebas periciales positivas, sindicación directa por las víctimas, testigos de cargo reales, ratificación de testimonios de cargo y suficientes pruebas indiciarias y presuncionales, entre otras”.

También dirigió un mensaje a las víctimas de los acusados que fueron liberados. Les recalcó que “de ninguna manera sus casos están cerrados, pero con base en las constancias probatorias que obran en los expedientes, no son responsables de los hechos de que se les acusó”.

Este acto de justicia, aseguró en acto, constituye un hecho inédito en la historia estatal y nacional, ya que en ningún lugar y momento del país, las instituciones gubernamentales y la sociedad toda, habían hecho un esfuerzo tan grande y generoso de reconciliación”.

Recordó que en enero de 2007 se instaló formalmente la Comisión Especial de Ley de Sentencia Suspendida y Libertad Anticipada (hoy mesa para la reconciliación), cuya tarea ha sido revisar la situación legal de las personas que distintas organizaciones sociales consideran injustamente detenidas, así como de diversas solicitudes de carácter individual.

Manifestó que entre febrero y diciembre pasados 10 presos fueron liberados, “cuya injusta detención crispaba los ánimos sociales e inconformaba a la opinión pública y a la sociedad organizada”.

Refirió que hasta la primera quincena de marzo de este año, 91 personas ya habían sido liberadas, mismas que se encontraban detenidas en penales de la entidad, desde antes del 8 de diciembre de 2006, fecha de inicio de este gobierno.