Usted está aquí: martes 1 de abril de 2008 Estados Escoltas para jueces de NL y sus familias

Escoltas para jueces de NL y sus familias

David Carrizales (Corresponsal)

Monterrey, NL, 31 de marzo. El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado que obliga a las autoridades a dar protección policiaca a jueces, magistrados del Tribunal Superior de Justicia y agentes del Ministerio Público.

La protección, que incluirá a las familias de los funcionarios “cuando así se considere necesario”, se brindará mientras se desempeñe el cargo y hasta dos años después, aunque podría prorrogarse, según el caso.

Esta reforma fue resultado de los ataques cometidos en meses recientes contra servidores públicos relacionados con la seguridad pública, la procuración y la administración de justicia.

Uno de los atentados fue cometido el 21 de enero. El juez tercero penal de Monterrey, Ernesto Palacios López, quien dictó órdenes de aprehensión contra una presunta banda de narcotraficantes y sicarios, fue asesinado cuando conducía su vehículo.

El 5 de septiembre de 2006 el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Marcelo Garza y Garza, fue ultimado a balazos frente a una iglesia del municipio de San Pedro.

Hasta ahora, la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Nuevo León tenía prevista la asignación de escoltas o guardias sólo para el gobernador, el secretario general de Gobierno, el procurador de Justicia, el subsecretario de Protección Ciudadana, el subprocurador del Ministerio Público y el director de la AEI.

El dictamen, elaborado por la comisión de Justicia y Seguridad Pública, señala que la entidad vive un gradual deterioro de los valores, un aumento de la delincuencia y falta de respeto a funcionarios y servidores públicos encargados de procurar e impartir justicia. Tolerar los ataques contra estos funcionarios llevaría a Nuevo León a un estado de descomposición social “de consecuencias desastrosas”.

La nueva ley prevé otorgar protección a los servidores públicos mencionados, además de sus cónyuges y familiares en línea ascendente hasta primer grado y línea descendente hasta segundo grado. El reglamento para la asignación de escoltas deberá publicarse a más tardar en 90 días.

 
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