UAM: ¿casa abierta?
La huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se ha prolongado demasiado. Las clases se iniciaron con normalidad en enero de este año, y el trimestre, que es el periodo académico que rige en esa importante institución de enseñanza e investigación, concluye en unos días. Dos meses de interrupción ponen en serio riesgo no solamente la formación de estudiantes en los niveles de licenciatura y posgrado: interrumpen la continuidad de diferentes tareas como la inscripción de alumnos, y afectan, quizá de manera irreversible, algunos de los proyectos científicos que ahí se realizan.
En el momento en que escribo este artículo, el sindicato independiente de trabajadores de la UAM, el SITUAM, examina la propuesta que hizo el viernes la Secretaría del Trabajo para levantar la huelga. Esta iniciativa, que incorpora nuevas propuestas a las surgidas en las mesas de negociación, ya fue aceptada plenamente por las autoridades. No sé cuál será la decisión del comité de huelga, por lo tanto ignoro el desenlace, que espero se oriente a la reanudación de las actividades.
Lo cierto es que el conflicto que vive la UAM desde el primero de febrero ha dejado de ser un asunto de carácter interno y se ha convertido en una preocupación más general, pues afecta a una de las más importantes instituciones de educación superior de carácter público. Debe tomarse en cuenta el contexto en el que se desarrolla esta huelga.
Todas las universidades saben que existen dentro y fuera del gobierno sectores que apuestan al desprestigio y la aniquilación de la educación superior pública. No significa que los trabajadores deban renunciar por este hecho a sus demandas económicas, que a todas luces son justas. Todos sabemos de la precariedad en la que viven los profesores y trabajadores universitarios. Pero también, después de un proceso largo de negociaciones, es importante identificar la línea tenue que separa los intereses gremiales de la defensa de una institución que desempeña un papel de primera importancia en la vida académica, científica y cultural de México.
Es un tema complejo, pues para todas las organizaciones de trabajadores –y no me refiero ahora a los universitarios–, desde hace décadas se plantea una disyuntiva entre empleo y salario. Las sindicatos en México viven, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, una parálisis terrible que los mantiene al margen de los temas decisivos en la vida del país. En la lucha contra el fraude cometido en las elecciones de 2006 o en la defensa del petróleo, por ejemplo, los sindicatos han estado ausentes, su presencia no es significativa. A pesar de que han transcurrido muchos años, se mantienen paralizados.
Las huelgas son contadas. En los paros de los trabajadores mineros, por ejemplo, es difícil identificar la defensa de intereses gremiales de la de los líderes que se encuentran en conflicto con el gobierno. Podemos preguntarnos: ¿por qué no hay una huelga de 60 días contra empresas privadas? No tengo la respuesta, pero lo que me queda claro es que las universidades públicas son muy vulnerables. No me parece justo que se trate de librar en ellas “la madre de todas las batallas”.
No trato de defender a las autoridades de la UAM, que pueden demostrar una adecuada o escasa capacidad de negociación. No lo sé. Lo que creo es que en este conflicto puede resultar seriamente dañada una institución ejemplar, que cuenta con investigadores del más alto nivel en las ciencias, la tecnología y las humanidades, con amplio reconocimiento nacional e internacional, que tiene más de 40 programas de posgrado de excelencia, cuyos egresados son de los más calificados en el país y cuentan con uno de los sindicatos más importantes de México. Entonces, me pregunto, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo?
Si la resolución del comité de huelga del Situam (que al publicarse este texto ya se conocerá) es reabrir la universidad, todos lo celebraremos; si por el contrario se opta por mantener las banderas rojinegras, probablemente se perderá el trimestre, lo que afectará de manera grave a uno de los más importantes proyectos en la educación superior pública y la investigación en el país.