Usted está aquí: miércoles 2 de abril de 2008 Política Padres de asesinados insisten en una condena explícita de Calderón a Uribe

■ Están dispuestos a más movilizaciones hasta lograr el pronunciamiento de Los Pinos

Padres de asesinados insisten en una condena explícita de Calderón a Uribe

■ Critican a la canciller por pedir a Bogotá investigar la agresión; no puede ser juez y parte

Georgina Saldierna

Los familiares de los cuatro nacionales muertos en Ecuador y de la joven sobreviviente insistieron anoche en su demanda de que el gobierno de México condene de manera explícita a las autoridades de Colombia por el fallecimiento de los jóvenes.

Los deudos reiteraron su exigencia durante la segunda reunión que sostuvieron con el subsecretario para América Latina de la cancillería, Gerónimo Gutiérrez, al término de la cual informaron de su intención de emprender movilizaciones e incluso llegar a una huelga de hambre para lograr el pronunciamiento de la administración calderonista.

Durante el encuentro, los familiares de Juan González, Soren Ulises Avilés, Verónica Velásquez, Fernando Franco y Lucia Morett entregaron al funcionario dos cartas en las que responden a cada uno de los planteamientos que expuso la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, en una misiva que les envió el sábado pasado.

En dicho documento la funcionaria expresó sus condolencias por la muerte de los cuatro nacionales y deseó que Lucía Morett se recupere lo más pronto posible. Además “reprobó” el fallecimiento de los estudiantes e hizo un recuento de las acciones que ha efectuado la dependencia a su cargo.

Álvaro González, padre de Juan González del Castillo, dijo que en términos generales la respuesta de la canciller en su carta fue mala e insatisfactoria, y por esa razón le contestaron por escrito.

Refirió que uno de los puntos de diferencia con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es que México solicitó a Colombia que investigue los hechos ocurridos el pasado 1º de marzo, cuando tropas del país sudamericano invadieron territorio de Ecuador para bombardear un campamento de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde se encontraban los estudiantes.

Al respecto, consideró que la administración de Álvaro Uribe no puede llevar a cabo una investigación sobre lo sucedido simplemente porque es el responsable confeso de la masacre. No puede ser juez y parte en un crimen, subrayó.

Los deudos criticaron que la cancillería repruebe la muerte de los nacionales, como si se tratara de un accidente cualquiera. No se ha entendido que este caso es especial y como tal debe ser tomado, subrayaron.

Sobre ese tema, Álvaro González insistió en que fue un crimen de Estado el que se cometió contra los jóvenes y por eso México debe pronunciarse contra Colombia. “¿O acaso el gobierno de Uribe es un amigo entrañable del calderonismo y por eso no se atreve a reclamarle por las víctimas mexicanas?”, se cuestiona en uno de los escritos entregados al subsecretario para América Latina y dirigido a la canciller Espinosa Cantellano.

En el otro documento –enviado al presidente Felipe Calderón Hinojosa– los paterfamilias piden información sobre los correspondientes procesos judiciales que ha iniciado el gobierno mexicano.

Al concluir la reunión con el subsecretario, Marcelo Franco, padre de Fernando Franco, se mostró contrariado porque no hubo resultados satisfactorios e informó sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones.

“Apoyo y protección consular”

Por la noche, la SRE señaló en un comunicado de prensa que dará respuesta a los dos documentos presentados, e informó que envió una carta a los padres de Lucía Morett, en la que reitera su disposición a seguir brindando “el apoyo y la protección” consular que le sean solicitadas.

Agregó que gestionó con funcionarios de Ecuador que los familiares de la joven pudieran visitarla, luego de que se les había impedido el ingreso al hospital en el que se recupera.

Por último se comprometió a “salvaguardar cabalmente las garantías constitucionales de la estudiante y a que estarán plenamente apegadas a derecho las acciones de las autoridades mexicanas”.

 
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