■ Les retuvo salarios desde hace seis meses por negarse a ser reubicados
Trabajadores de educación indígena denuncian represalias de Vázquez Mota
Pese a que un tribunal colegiado les concedió la razón, al considerar que su protesta es “legal y justa”, 65 trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena llevan seis meses y medio sin cobrar sueldo, debido a una “medida de represalia” dictada en su contra por Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública.
Así lo denunció ayer Joaquina Sandoval, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la sección correspondiente a enseñanza indígena, luego de dar a conocer que la instancia a su cargo demandó penalmente a Vázquez Mota ante la Procuraduría General de la República (PGR) por “robo y los delitos que resulten”.
La base de la denuncia –explicó la lideresa– es la “retención ilegal de nuestros salarios y aguinaldos, que es un delito equiparable al robo agravado y merece ser castigado con cárcel”. Sin embargo –añadió–, la PGR “nos dice que no va a proceder hasta que las autoridades laborales digan la última palabra. No sabemos cómo hacer entender al señor procurador (Eduardo Medina Mora) que solicitamos un amparo ante el tribunal colegiado número 5 en materia de trabajo y ya nos concedió la suspensión definitiva contra las sanciones que nos impuso la SEP”.
En septiembre del año pasado, la dependencia que dirige Vázquez Mota, ex secretaria de Desarrollo Social y ex coordinadora de la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, ordenó que todos los trabajadores que laboraban en un edificio de la calle de Azafrán, colonia Granjas México, se mudaran a otros inmuebles, siguiendo la misma política que durante el sexenio de Vicente Fox intentó desarrollar Reyes Tamez Guerra, sobre el cual penden hoy acusaciones que lo hacen sospechoso de haber dañado a la SEP con desfalcos multimillonarios.
Los empleados se opusieron al traslado porque el edificio donde los llevarían, ubicado en avenida Cuauhtémoc 614, “sufrió graves daños estructurales durante los sismos de 1985” y, reiteró Joaquina Sandoval, “representa un verdadero peligro para la vida de nuestros compañeros”.
Aunque acudieron al Gobierno del Distrito Federal para que les confirmara –mediante una inspección– las pésimas condiciones del inmueble, la SEP se opuso a que se llevara a cabo la revisión.
En espera de que la PGR actúe y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje haga valer su laudo, “los disidentes nos vemos obligados a recurrir a la solidaridad de los lectores de La Jornada, entre los que hay muchos sindicalizados, para que nos ayuden a resistir, porque ya son muchos meses sin ingresos y en muchas familias hay problemas muy serios”. Señalaron que los donativos pueden hacerse a la cuenta Perfiles, de Banamex, número 5204163916184293, a nombre de Norma Torres Kato.