En torno al petróleo
Comparto la opinión generalizada de que durante los últimos 30 años, en los que los sucesivos gobiernos han estado explotando el petróleo de manera intensiva, los mexicanos no han recibido beneficio alguno de esas explotaciones, con las solas excepciones de los trabajadores petroleros, y especialmente sus líderes, así como de los gobernantes y sus círculos de poder personales. Cualquier reforma que se pretenda hacer en torno a la política energética y a las leyes en la materia, que no asegure un cambio en el destino de los ingresos y, en especial, de los excedentes petroleros, y no haga explícitas las formas y medidas para lograrlo, simplemente no sirve, y debiera ser desechada.
En el discurso oficial se nos dice que los recursos del petróleo se han estado usando en programas de educación, de salud, de alimentación y de empleo, pero antes de la abundancia petrolera también teníamos todo esto, y de mejor calidad, con fondos que se obtenían de los impuestos y de la riqueza de los recursos que nuestro país tiene, y que hoy han sido puestos en manos de unos pocos. Por otra parte, son también muchos los países que cuentan con servicios sociales similares, e incluso mejores, sin tener las enormes riquezas petroleras que México tiene, por lo que este tipo de argumentos no tiene otro efecto que el de reafirmar que las reformas que se plantean deben ser escudriñadas en busca de nuevos engaños.
Comparto también la opinión de miles de mexicanos de que la totalidad de las privatizaciones realizadas en el pasado, incluyendo las del actual gobierno, han sido hechas de manera amañada para beneficiar a unos cuantos privilegiados, trátese de cadenas de radio y televisión, de bancos, de flotas navieras, de servicios telefónicos o de empresas de aviación, como sucedió recientemente con Aeroméxico. Cualquier reforma que contemple o implique la posible realización de actos similares en torno a la explotación petrolera debe ser rechazada de inmediato.
Del mismo modo, comparto la posición de muchos compatriotas en el sentido de que las regiones del país con yacimientos petroleros, al igual que aquellas con instalaciones para el procesamiento de productos petroquímicos, constituyen hoy las regiones más contaminadas física y socialmente, con enormes problemas de salud, educación e infraestructura, que no han sido atendidas con seriedad ni por Petróleos Mexicanos ni por el gobierno federal. Las reformas deben incluir la solución a estos problemas, con compromisos claros y precisos; de no ser así, resultan inaceptables. En otras naciones, y de manera especial en Estados Unidos, las regiones donde se ubican las grandes explotaciones petroleras se caracterizan por sus altos niveles de calidad de vida, de urbanización y de servicios médicos y educativos. ¿Por qué aquí no puede ser igual?
Finalmente, como muchos mexicanos me pregunto: ¿por qué las empresas petroleras de otros países contratan con universidades y empresas locales la realización de las investigaciones que necesitan, y les encargan la fabricación de los equipos que requieren, mientras que en México se hace exactamente lo contrario? Las oportunidades de generación de empleo en los países modernos se buscan en las cadenas de valor agregado con alta concentración de trabajo intelectual, porque es allí donde se ubican las oportunidades de desarrollo. Hablar de una reforma energética que no trate este problema de manera específica y que no plantee esquemas de participación de los sistemas de educación tecnológica y de la pequeña empresa mexicana, en proporciones claras, respecto al total de presupuestos de adquisiciones, dejará pasar una oportunidad real de crecimiento económico, como se ha hecho durante los últimos 30 años, lo cual es absolutamente inaceptable, porque México no puede ni debe seguir siendo exportador de mano de obra barata.
Considero que todos estos requerimientos implican dos factores esenciales: el relacionado con la necesidad de un consejo de administración de Petróleos Mexicanos en donde estén claramente representados los intereses de los mexicanos, y una legislación fiscal que impida el saqueo de los recursos de la empresa por parte del gobierno federal.
En relación con el primer punto, resulta indispensable que sea el Congreso quien nombre a una parte mayoritaria de los miembros del consejo de administración de la empresa, y que esto lo haga cumpliendo con una normatividad clara y precisa sobre el perfil que esos consejeros deben tener. De la misma manera, el consejo deberá incluir representantes de todos los estados cuyos territorios contienen recursos e instalaciones petroleras importantes, siendo tales consejeros designados por los congresos locales respectivos, de acuerdo con una normatividad única para todos los estados. Asimismo, el consejo deberá tener un miembro representante de las instituciones académicas del país, el cual será rotativo y será nombrado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
El presidente del consejo sería designado por el Presidente de la República, al nombrarle como secretario de Energía, para asegurar la vinculación de la empresa con los grandes proyectos de desarrollo nacional. De la misma manera los trabajadores de la empresa contarían con un representante de su sindicato, siempre y cuando la nueva normatividad establezca la improcedencia de que el sindicato de trabajadores sea además proveedor de bienes o servicios de la empresa.
En relación con los aspectos fiscales, es absolutamente indispensable que las normas fiscales que se apliquen a Pemex sean exactamente las que se aplican a otras empresas, y que las utilidades que en el caso de las empresas privadas se distribuyen entre los accionistas, en este caso ingresen a un fondo destinado a financiar el desarrollo futuro de México, de acuerdo con normas y estatutos que el mismo consejo de administración proponga al Congreso. Cómo este cambio seguramente afectaría las finanzas públicas, deberá establecerse un periodo de gracia que permita al gobierno instrumentar un programa fiscal adecuado.