Usted está aquí: sábado 12 de abril de 2008 Política Guardia Indígena

Raúl Zibechi

Guardia Indígena

En las montañas del norte del departamento del Cauca, en la cordillera central de Colombia, a unos 100 kilómetros al sur de Cali, se viene desarrollando desde hace varias décadas una de las más notables experiencias de construcción de un mundo diferente al hegemónico. La región está atravesada de múltiples conflictos: terratenientes con extensas plantaciones de caña contra pequeños campesinos, multinacionales buscando explotar minerales que necesitan expulsar pueblos enteros, narcotraficantes aliados con paramilitares contra todos lo que se interpongan en sus negocios y, finalmente, la eterna guerra colombiana, cuyo último gran capítulo cumplió esta semana 60 años, al celebrarse un nuevo aniversario del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

En medio de esa guerra parece un milagro que los indígenas del norte del Cauca sigan adelante con sus proyectos de vida y esperanza. En una pequeña superficie de 190 mil hectáreas entre los mil 200 y los 4 mil metros sobre el nivel del mar, de las que sólo 10 mil son planas, algo más de 110 mil personas (85 por ciento indios nasa, 5 por ciento guambianos y 10 por ciento afros y mestizos) han puesto en marcha una experiencia única en Sudamérica, que tiene sin embargo mucho en común con el neozapatismo de Chiapas y su construcción de un mundo nuevo. Vale decir que 80 por ciento de esas tierras han sido recuperadas a los terratenientes a lo largo de más de 30 años de luchas, en los que la violencia se ha cobrado miles de vidas indígenas.

En esa región, 25 mil familias viven en 304 veredas, pequeños pueblos rurales, y se autogobiernan por medio de 18 cabildos, autoridad indígena tradicional reconocida en la Constitución de 1991, pero acosada por el Estado y sus fuerzas armadas. La estructura de poder se fue construyendo de abajo arriba: asambleas de las veredas eligen alguaciles que acompañan a los gobernadores de los cabildos, que son elegidos a su vez por grandes asambleas en cada uno de los resguardos indígenas. Los cabildos son formas de poder indígena enraizados en territorios o resguardos.

Los nasa (“gente”, en lengua originaria) buscan afirmar la justicia comunitaria, la educación y la salud propias, el control sobre el territorio y el autogobierno. “Eso es para nosotros el mandar obedeciendo”, dice Ezequiel Vitonás, veterano dirigente nasa que fue gobernador y ahora acompaña el proceso que encabeza la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En sus territorios autogobernados han construido proyectos trascendentales, como el Espacio de Formación de Derecho Propio, una escuela de la que este año saldrán los primeros 60 consejeros jurídicos que trabajarán “para ejercer autonomía desde el derecho propio”. La escuela fue una decisión de las comunidades para fortalecer el autogobierno ante las amenazas externas, pero también para apoyar a las autoridades promoviendo evaluaciones colectivas para superar los conflictos internos.

Otro espacio notable es el Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC), definido como “un lugar de encuentro de la comunidad nasa”, que funciona en una finca recuperada de 68 hectáreas en el resguardo de San Francisco. El centro depende de los cabildos y fue construido por medio de grandes mingas comunitarias. Aunque el pueblo nasa puso en pie proyectos de educación bilingüe desde 1980, el CECIDIC trabaja en la formación para una educación propia que exprese un modelo educativo nuevo. Unos 800 jóvenes se forman en el bachillerato agrícola con énfasis en lo ambiental y en la organización comunitaria y otros 150 participan en carreras universitarias como etnoeducación, tecnología en agroindustria, economía y ciencias sociales. Los estudiantes aprenden trabajando en el sector agrosilvopastoril, en la escuela de artes y oficios y en las escuelas de animadores comunitarios.

Pero la experiencia más notable es quizá la Guardia Indígena, definida como “un instrumento de resistencia frente a la injusticia”, como “comunidad al servicio de la comunidad y defensa de nuestro territorio”. Ante la agudización del conflicto armado y una serie de asesinatos cometidos por paramilitares, las comunidades y los cabildos decidieron recomponer sus intrumentos de seguridad, entre ellos la Guardia Indígena, que fue reconocida por las autoridades nasa en una gran asamblea realizada en el resguardo de Tacueyó, en mayo de 2001. No tiene carácter militar y sus miembros se identifican por el tradicional bastón de mando de las autoridades indígenas.

Cada vereda elige en asamblea 10 guardias y un coordinador, lo que suma algo más de 3 mil guardias indígenas coordinados en cada resguardo. Se pueden ver mujeres y varones desde 12 hasta 50 años. La formación política es el aspecto más importante, ya que la guardia se considera más educativa que represiva. Todos los meses realizan talleres obligatorios, que suelen durar tres días y que luego cada coordinador replica en su vereda. Los guardias con los que fue posible conversar aseguran que no actúan como policías y que, por el contrario, se consideran “formadores de organización, protectores de la comunidad y defensores de la vida sin involucrarnos en la guerra”. Por cierto, tanto las fuerzas armadas del Estado como las FARC se sienten incómodas, por decir lo menos, con esos comuneros que en grandes grupos se reúnen para proteger a su pueblo.

Los cabildos y la Guardia Indígena definieron “sitios de asamblea permanente” donde las comunidades se congregan en situaciones de emergencia, sobre todo durante los frecuentes enfrentamientos armados en una de las regiones más violentas de Colombia. Ellos los definen como “sitios de resistencia indígena, espacios para la protección, la reflexión y el análisis comunitario”. En el proceso nasa es muy firme la apuesta a no ingresar en la guerra y resistir juntos. Pero se han propuesto hacerlo “respetando la diversidad y la diferencia”, o sea, sin llegar a convertirse en fotocopia de los actores que en seis décadas asesinaron a más de un millón de colombianos.

 
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