■ Tres ONG exigen a la Profepa mayor inspección y vigilancia
Contaminados con transgenes, 96% de los cultivos de maíz en Sinaloa
Aunque no se han dado permisos para el cultivo experimental ni comercial de maíz transgénico, se encontró contaminación de estos productos en 96 por ciento de los cultivos analizados en nueve municipios de Sinaloa, señalaron Greenpeace, Semillas de Vida y Fomento Cultural y Educativo, por lo cual presentaron una denuncia popular ante la Profepa.
Informaron que de acuerdo con pruebas realizadas en octubre de 2006, para identificar transgenes en poblaciones de maíces criollos en Sinaloa, por un equipo de profesores e investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Unidad de Biotecnología del Campo Experimental Valle de Culiacán-INIFAP, se concluyó que sí existe contaminación por maíz transgénico en los cultivos estudiados. Esto, indicaron, es un llamado de alerta ante la posible siembra ilegal de transgénicos en la entidad.
La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados indica que no es posible otorgar ningún tipo de permiso para la liberación experi- mental de maíz transgénico, a pesar de que ya se publicó el reglamento y sólo se esperan los comentarios del Régimen de Protección Especial al Maíz, antes de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Todavía falta, precisaron, definir los centros de origen de maíz criollo que existen en el territorio nacional, por lo que cualquier tipo de siembra que se realice en este momento es ilegal y los responsables pueden ser sancionados penalmente.
La investigación reporta que las muestras de maíces criollos fueron recolectadas en la zona de temporal de Sinaloa, en los municipios de Choix, Badiraguato, Mocorito, Culiacán, Cosalá, Elota, San Ignacio, Concordia y Rosario, de las cuales cinco obtuvieron resultados positivos a la presencia de transgenes. De un total de 50 plantas, 48 fueron positivas, lo cual da una presencia promedio de 96 por ciento de transgenes.
Las organizaciones demandaron al gobierno federal, por conducto de la Semarnat y la Profepa, ejercer sus facultades de inspección y vigilancia y que impongan sanciones administrativas a los probables responsables de la contaminación.