■ Fueron torturados por hacendados, denuncian dos periodistas y un funcionario agrario
Defienden los cinco gobernadores opositores el latifundio, acusa el gobierno de Bolivia
■ El cardenal Julio Terrazas ampara a terratenientes que esclavizan a indígenas, asegura líder guaraní
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Policías antimotines bolivianos lanzan bombas lacrimógenas para dispersar una manifestación de protesta en el centro de La Paz
Foto: Ap
La Paz, 16 de abril. El gobierno de Bolivia advirtió hoy que es “tendenciosa” la oposición de los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba a que se cree una tierra comunitaria de origen para los indígenas guaraníes en Alto Parapetí y busca engañar a la ciudadanía en “clara defensa del latifundio”.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, al referirse a la “declaración de Tarija” emitida por los prefectos sobre la cuestión de la tierra comunitaria, rechazó que con ello se busque la apropiación de reservas de gas, petróleo y agua de esa región y “un cercenamiento en el futuro a las regalías de esos departamentos autonómicos”.
“Según esta lógica –aseveró–, el terrateniente extranjero tendría que verse favorecido con recursos naturales de hidrocarburos o reservas de agua, petróleo y gas; no es así, esto es una mentira porque el régimen de hidrocarburos y minería es completamente distinto al régimen agrario”.
San Miguel citó que en Bolivia hay, entre tituladas y en trámite, 200 extensiones de tierra comunitaria de origen “y ninguna tiene regalías aparte, cercena parte de los departamentos o crea nuevos departamentos”.
El ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, reiteró por su parte la decisión del gobierno de mantener la prohibición temporal de exportar aceite, al señalar que “se reserva el derecho de aprobar cualquier otra medida conducente a garantizar la producción, el abastecimiento y precios justos para el aceite en Bolivia”, entre ellas eliminar el subsidio al diesel que reciben los soyeros.
En tanto, el periodista argentino Fernando Cola y su colega boliviana Taninbo Estremaidoro, y el asesor legal de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Ramiro Valle, desaparecidos desde el pasado domingo, denunciaron haber sido torturados luego de los ataques de hacendados contra una misión oficial de indígenas guaraníes.
Los hechos tuvieron lugar en el sudeste boliviano, en la región de Santa Cruz, donde las autoridades centrales pretenden sanear los límites de las propiedades privadas y comunales, a lo que se oponen los hacendados, acusados de mantener en situación de servidumbre a unas mil familias.
Estremaidoro informó a este diario que fueron golpeados a pedradas y chicotazos. Ella fue amarrada a un palo bajo la lluvia y la amenazaron con ser violada y matarla, y le robaron su equipo de video y su identificación personal.
En ese contexto, se informó que una misión mixta del gobierno de Evo Morales y de la Iglesia católica verificará las denuncias de que en los latifundios del sudeste de Bolivia persisten las relaciones de sometimiento y servidumbre de indígenas.
La decisión se tomó luego de que la denuncia del gobierno fue cuestionada por el cardenal Julio Terrazas, quien en la homilía dominical reclamó que se les mostrara dónde ocurría eso.
Al respecto, el líder de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Wilson Changaray, acusó a Terrazas de defender a los terratenientes que “siguen sometiendo a los indígenas en pleno siglo XXI”.
En tanto, se conoció que los movimientos sociales afines al gobierno se preparan para trasladarse a Santa Cruz para oponerse al referendo del 4 de mayo, mediante el cual las autoridades locales de derecha y los sectores empresariales buscan aprobar un estatuto de autonomía, que el gobierno central considera “ilegal”.
El senador opositor por el Poder Democrático Social (Podemos), Carlos Bohrt, admitió que los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni no podrán ser aplicados de inmediato después de cada resultado en las urnas, ya que todavía les hará falta el respaldo constitucional.