■ Confirman anulación del indulto al ex ministro de la dictadura José Martínez de Hoz
Demanda fiscal de Argentina el desafuero del diputado y ex represor Luis Patti
■ Ricardo Miguel Cavallo vuelve a negarse a declarar en la causa por crímenes de lesa humanidad
Buenos Aires, 17 de abril. Un día después de la decisión judicial de liberar al ex subcomisario Luis Patti, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar, el fiscal federal Jorge Sica solicitó al magistrado Alberto Suares Araujo el desafuero de quien resultó diputado electo en las elecciones de 2005 por el Partido Unión Federal (Paufe), de ultraderecha.
Ayer, Suares Araujo ordenó liberar a Patti bajo una orden de la Cámara Federal de San Martín, que a su vez argumentó que la Corte Suprema de Justicia reconocía al ex subcomisario el derecho a asumir una banca como diputado, y que por lo tanto goza de fueros parlamentarios.
Sica solicitó “con carácter de urgente” el pedido de desafuero en una acción que además coincide con una propuesta impulsada por el oficialismo. Patti podría volver a prisión después que la Corte Suprema rechazó hoy un pedido del ex subcomisario para que ordene a la Cámara de Diputados que le tome juramento.
En este caso la Corte Suprema señala que cumplió “con todas las comunicaciones que el ordenamiento procesal y demás normas legales y reglamentarias de aplicación contemplan” y no corresponde acceder a la solicitud de Patti, cuya salida en libertad ayer causó conmoción entre los familiares de sus víctimas y organismos de derechos humanos, que le imputaron a gritos sus delitos de secuestros, torturas, asesinatos y otros.
El acusado fue recibido como “héroe”por un grupo de defensores de la pasada dictadura.
Después de larga lucha, los abogados y familiares de las víctimas habían logrado que Patti fuera a prisión en un penal donde estuvo cinco meses. Asimismo varios diputados encabezados por Miguel Bonasso, ligados al oficialismo y con apoyo de otras bancadas, habían logrado impedir que Patti asumiera la banca.
Ahora Patti podría volver a prisión, mientras los familiares temen una fuga, ya que estuvo prófugo anteriormente.
En estos momentos hay una fuerte ofensiva de la justicia para continuar con las causas reabiertas después de que fueran definitivamente derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que significaron la impunidad para los responsables de delitos imprescriptibles de lesa humanidad.
A su vez la Cámara Federal de esta capital confirmó hoy la anulación del indulto concedido en 1990 al ex ministro de Economía de la dictadura militar José Martínez de Hoz, de nuevo imputado por la desaparición de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim (padre e hijo).
En esta causa Martínez de Hoz está acusado junto con el ex dictador militar Jorge Rafael Videla y el ex general Albano Harguindeguy, cuyos indultos fueron anulados y quedaron procesados con prisión preventiva.
Junto con esta situación, familiares y sobrevivientes han logrado ya la separación de sus cargos –en distintas provincias– de algunos funcionarios militares o civiles que participaron en la pasada dictadura y son responsables de violaciones a derechos humanos.
También ayer, el ex marino Ricardo Miguel Cavallo, quien fue extraditado desde España recientemente, volvió a negarse a declarar ante el juez federal Sergio Torres en la causa en que está acusado por graves crímenes de lesa humanidad, cuando integró un grupo de tareas en el temible centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada. Cavallo fue acusado ahora por la desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh.
En tanto, la justicia ordenó a la Interpol la captura internacional del médico Norberto Atilio Bianco, acusado por la desaparición de 35 mujeres embarazadas en el centro clandestino de detención del ejército en Campo de Mayo.