■ El gobierno de Ulises Ruiz no aportó pruebas suficientes, determinan jueces federales
Tras año y medio en prisión liberan al consejero de la APPO Flavio Sosa
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El activista Flavio Sosa (segundo de derecha a izquierda) fue recibido por su hermano Horacio, el dirigente de la sección 22 del SNTE, Ezequiel Rosales, y sus hijos Bolívar y Frida
Foto: Octavio Vélez
Después de casi año y medio en prisión, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Flavio Sosa Villavicencio recuperó su libertad, luego que jueces del fuero común consideraron que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz no aportó pruebas suficientes para que fuera procesado como responsable de los delitos de robo con violencia y daños, secuestro, lesiones y despojo agravado.
El dirigente de la APPO, quien abandonó al filo de las 16 horas la penitenciaría regional, que se localiza en el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, a 104 kilómetros de la capital de Oaxaca, manifestó en entrevista telefónica: “no me he vendido ni rendido. Mi libertad obedece a un proceso jurídico y no a una negociación política con los gobiernos estatal y federal. El objetivo es la transformación democrática de Oaxaca y la renovación en el andamiaje del entramado jurídico del estado, que es obsoleto. No se trata de una lucha de carácter personal contra el señor Ulises Ruiz, sino de emprender la transformación democrática del estado y sus instituciones”.
Visiblemente más delgado, el activista fue recibido en el acceso principal del penal por sus hijos Karina, Frida y Bolívar Sosa Castañeda, así como por el secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ezequiel Rosales Carreño, integrantes de la APPO y su abogador defensor, Gilberto López Jiménez.
La confabulación
Sosa Villavicencio expresó que el Partido Acción Nacional se confabuló con el Revolucionario Institucional en 2006 para golpear al movimiento magisterial y popular, el cual demandaba la destitución del gobernador, a cambio de respaldar el arribo de Felipe Calderón a la Presidencia.
“Con una política terrorista atentaron contra el pueblo oaxaqueño. Ahí está el gran número de detenidos, torturados, desaparecidos y muertos”, señaló.
Aseveró que los gobiernos federal y estatal se ensañaron contra él y su familia, porque también fueron detenidos sus hermanos Horacio y Erick, quienes fueron internados en penales federales. Además, fueron perseguidos otros familiares, entre ellos sus hijas. “Con nosotros hicieron algo terrible, atroz”, asentó.
Dijo que se reincorporará a la lucha del movimiento magisterial y popular, y en consecuencia participará en las próximas movilizaciones programadas por la APPO y la sección 22 del SNTE. “Tengo que seguir caminando al lado del pueblo”, resaltó.
“Hoy más que nunca estoy convencido de que debemos seguir luchando para un mejor Oaxaca, porque por el pueblo estoy libre”, afirmó.
Responsabilizó al presidente Felipe Calderón y al gobernador Ulises Ruiz de su seguridad, ante una eventual agresión.
Sosa Villavicencio se trasladó a su domicilio en el municipio de San Bartolo Coyotepec, conurbado a la ciudad de Oaxaca, donde fue recibido por su madre, Irene Villavicencio, y su esposa, Beatriz Castañeda Pedro, así como por otros familiares y seguidores de la APPO.
El consejero estatal fue detenido el 4 de diciembre de 2006 en la ciudad de México por agentes de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación junto con su hermano Horacio y los también activistas Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado.
Un día después fue remitido junto con su hermano a la penitenciaría de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, para ser sujeto a proceso por siete causas penales.
El 16 de agosto de 2007 fue trasladado al reclusorio regional de San Juan Bautista Cuicatlán, debido a un amparo otorgado por el Poder Judicial Federal. Durante su reclusión, la justicia federal le concedió tres suspensiones definitivas contra los autos de formal prisión dictados por jueces locales en igual número de expedientes y quedó en libertad absoluta.
El abogado López Jiménez dijo que su defendido salió libre por “la fuerza del pueblo oaxaqueño” y por el desvanecimiento de datos promovidos ante los jueces locales en las causas penales 70/2006, 71/2006 y 136/2006 por los delitos de robo con violencia y daños en perjuicio de caminos y aeropistas de Oaxaca; por secuestro, robo y lesiones de dos agentes de la Policía Ministerial del estado, y por el delito de despojo agravado en perjuicio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.
“Eran acusaciones insostenibles e inverosímiles, y los jueces resolvieron dejarlo en libertad porque ya no podían mantenerlo más tiempo en la cárcel”, declaró.
En los tres procesos penales “las acusaciones no estaban bien sustentadas y no había ningún señalamiento para hacerlo responsable de los delitos imputados, agregó.
Luego de salir de prisión, Sosa Villavicencio dijo que una de las primeras acciones que emprenderá, junto con varios compañeros suyos, será “la reconstrucción de la APPO y su transformación política”. Señaló que el movimiento social de esa entidad “no está muerto”, y que se sumará a la lucha por la soberanía petrolera y la defensa de los energéticos.
“En Oaxaca, lo que se requiere es democracia, justicia y libertad. Por ello tenemos que analizar cuáles son las condiciones actuales en la entidad. Ahora vemos una simetría en el conflicto. Por un lado, existen denuncias directas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Ulises Ruiz y se empieza a plantear la posibilidad de denuncias ante el Ministerio Público y la de un juicio político en la Cámara de Diputados”, aseguró.
En la noche, Héctor Pablo Ramírez Leyva, coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, informó que la administración de Ulises Ruiz se mantuvo al margen del fallo del Poder Judicial del estado para liberar a Sosa Villavicencio, del cual se dijo respetuoso.
El Poder Ejecutivo del estado expresó que la excarcelación fue resultado de un proceso por diferentes causas y una actuación de acuerdo con criterios jurídicos con base en pruebas y actuaciones legales presentadas por la defensa.