■ Con la posible desparición de la coordinación para el diálogo se estaría gestando la guerra
Luis H. Álvarez, de mediador a gestor de programas oficiales en Chiapas
■ Tuvo como ninguno oportunidad de solucionar el conflicto; optó por tratar con grupos leales
Ahora que hay informaciones sobre la posible desaparición de la Coordinación para el Diálogo y la Coordinación en Chiapas (CDNCH), resulta importante evaluar sus efectos, así como analizar cuáles podrían ser las consecuencias de su eventual cierre en las presentes circunstancias de militarización del país para combatir el narcotráfico y la “subversión”. El EZLN ha denunciado que podría estarse gestando nuevamente la guerra como “solución” al conflicto.
El comisionado foxista para la paz en Chiapas, Luis H. Álvarez, asumió el cargo en enero de 2001. A diferencia de sus antecesores, tenía condiciones favorables para iniciar un proceso de diálogo y negociación con el EZLN. Al emprender la comandancia rebelde la Marcha del color de la tierra hacia la capital del país ese mismo año, el nuevo gobierno federal se decía dispuesto a cumplir las tres “condiciones mínimas” de los zapatistas para reiniciar contactos y negociaciones.
Lo que ocurrió (y lo que no) hoy es historia. Al dar al traste con la ley Cocopa el Congreso de la Unión aprobando la llamada ley indígena (que no cumplía con los Acuerdos de San Andrés), se desvanecieron las posibilidades de diálogo entre el EZLN y el gobierno. Álvarez inició entonces la estrategia que caracterizaría su función de comisionado y ahondaría la distancia entre las partes: acudir hiperactivamente a las comunidades oficialistas, donde era recibido como gestor de programas e inversiones gubernamentales.
Álvarez logró acuerdos y satisfizo demandas de las organizaciones “leales”, incluyendo grupos abiertamente antizapatistas como la Opddic, con quienes desarrolló relaciones cordiales. En vez de solucionar los conflictos, puso especial cuidado en “penetrar” comunidades con importante presencia zapatista. Se recuerda su incursión subrepticia a La Realidad para repartir láminas y recursos. O bien sus constantes visitas a Roberto Barrios, con las cuales logró acentuar las divisiones internas propiciadas por la contrainsurgencia militar del sexenio zedillista.
Al igual que sus predecesores, pero con más acciones concretas, convirtió sus afanes en “prueba” de que los rebeldes “no querían el diálogo”. Para ello contó con el respaldo del gobierno chiapaneco de Pablo Salazar Mendiguchía y de las dependencias federales. Como repartidor de recursos en dinero y especie, buscó socavar a las bases zapatistas, o generó situaciones de conflicto dentro de los pueblos. En ese sentido, según diversos observadores, dirigió sus funciones al contrario de lo que proclamaba.
Para el gobierno federal foxista se convirtió en pieza clave. Tal era el respaldo, que su salario al año sumaba casi tanto como el presupuesto de su oficina. Inicialmente ganaba 123 mil 600 pesos mensuales. En junio de 2002 recibió un privilegiado aumento de 35 por ciento: 176 mil 682 pesos al mes (datos de la Dirección de Remuneraciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación). ¿Demasiado bien pagado para no cumplir su cometido? ¿O recibió ese apoyo para fomentar lo que en realidad buscaba el Ejecutivo: abrir paso a proyectos turísticos y camineros, debilitar las resistencias indígenas, “integrar” a los pueblos al proyecto neoliberal?
Quizá lo que mejor ilustra el “éxito de su misión” fue lo ocurrido el 17 de mayo de 2005, cuando las bases de apoyo del EZLN en Guadalupe Tepeyac le impidieron inaugurar un “centro de capacitación” y lo hicieron abandonar la comunidad, a la cual había ingresado sin permiso de los pobladores.