■ Los argumentos oficiales para la reforma “no se sostienen con solidez”, dice ante Kessel

Cárdenas: la apertura de Pemex sería el “premio mayor” de la lotería para la IP

■ Plantea que el Congreso de la Unión es el espacio propicio para una discusión sobre el tema

Israel Roríguez J.

Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que permitir que la inversión privada incursione en actividades sustantivas de la industria petrolera mexicana todavía reservadas constitucionalmente al Estado, como es el caso de la refinación, sería para los beneficiarios particulares como sacarse el “premio mayor”, como ha ocurrido con la “lotería Telmex, la de la industria siderúrgica y la de los bancos”, entre otras.

Al participar en un foro sobre reforma energética organizado por la Universidad Iberoamericana (Uia), alertó que, de aprobarse la iniciativa que envió el Ejecutivo al Senado en materia petrolera, se estaría cometiendo una violación flagrante al artículo 27 constitucional y sería un atropello al estado de derecho.

“Me remitiría a los casos que se han dado en nuestro país: privatizaciones en la industria siderúrgica: Altos Hornos, Sicartsa; privatizaciones en la banca, prácticamente hoy toda extranjera. Yo me pongo a pensar que otorgar todo este negocio de las refinerías, a una empresa, o acaso a dos empresas o a dos personas como principales socios de esas empresas sería realmente sacarse la lotería.”

Subrayó que los argumentos del Ejecutivo para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada son insostenibles. Una de las formas de defender al petróleo, dijo, sería que el PRD presentará propuestas alternas a la iniciativa oficial y que éstas se discutieran en el Congreso de la Unión.

Ante un auditorio aparentemente hostil a las tesis nacionalistas, sorpresivamente Cárdenas Solórzano recibió aplausos de los asistentes en tres ocasiones: alumnos, profesores e investigadores de la Uia.

Con argumentos demoledores contra el discurso oficial, Cárdenas Solórzano planteó: “A mí me parece que la apertura y entrega de estas actividades de transporte, almacenamiento y refinación de petróleo al sector privado, que podrá construir y operar estas instalaciones, conduciría –de entrada– a una mayor desintegración de las cadenas productivas de la industria estatal, ya de por sí seriamente erosionadas, al restringírseles la inversión durante el último cuarto de siglo”.

Conducirían también, añadió, al desplazamiento de Pemex de esas actividades y su sustitución por intereses privados que quedarían como usufructuarios de los mercados correspondientes. Por ejemplo, apuntó, el de los productos refinados, que es un mercado cautivo, ya que los campos de actividades de Pemex se reducirían a la explotación y extracción, que casi serían la única materia del organismo.

Recordó que hasta ahora los argumentos principales que se esgrimen para abrir Pemex a la inversión privada son la insuficiencia de la capacidad de ejecución y la carencia de recursos de la paraestatal. “A mí me parece, y lo digo francamente, que son argumentos que no se sostienen con solidez”, insistió.

Las refinerías de la paraestatal, afirmó, constituyen el mejor cliente de petróleo crudo, y tiene vendido el ciento por ciento de su producción, mientras el pago de maquila constituye un negocio con utilidades aseguradas.

“No encuentro una razón sólida para que se entregue 40 por ciento del mercado de los combustibles, que es la pretensión en la sustitución de los combustibles”, aseveró. Ahora, siguió, si la refinación es obsoleta, es porque desde hace más de 30 años no se construye una sola refinería.

Propuso que el gobierno federal asuma la deuda de Pemex por más de 50 mil millones de dólares, contratada con particulares por medio de los Proyectos de inversión financiada con impacto diferido en el gasto (Pidiregas), dado que se le impuso esta alternativa de endeudamiento porque no se le dejaron otros caminos.

Cárdenas Solórzano aseveró que antes de ir a aguas profundas, donde los volúmenes de crudo son inciertos y es muy costosa su exploración, es necesario suscribir un tratado con Estados Unidos y Cuba para la explotación de los yacimientos transfronterizos, y posteriormente hacer lo mismo con Belice y Guatemala.

Sobre la propuesta de colocar los llamados “bonos ciudadanos”, dijo que más que una capitalización para la empresa petrolera estatal se convertiría en una carga, porque sería deuda, y los montos estimados de 15 mil millones de pesos no fortalecerían las finanzas del organismo.

Por su parte, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, sólo reiteró su defensa de la propuesta del Ejecutivo e insistió en que no existe ninguna intención de privatizar Pemex.

“Es un conjunto de iniciativas que busca fortalecer a Pemex, porque se parte de la premisa de que el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos”, argumentó.

Respecto del anuncio referente a las tomas de las tribunas de las cámaras de Senadores y de Diputados por el Frente Amplio Progresista, en el cual se denuesta a Andrés Manuel López Obrador, Kessel se mostró convencida de que las ideas y los argumentos deben ser analizados en un debate.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener) aseguró que la iniciativa del Ejecutivo permitiría que Pemex pueda crear una empresa de logística que se encargue de la construcción, mantenimiento y operación de todos los ductos, porque ahora cada uno de los cuatro organismos subsidiarios lo hace de forma separada, lo que redunda en mayores gastos.

Informó que en breve el Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión una propuesta de nuevo esquema tributario en el que se reconozca y se ajusten las tasas mínimas y deducibles aplicables a los yacimientos petrolíferos cuya explotación entraña mayor dificultad.