■ Incumplidos, sus objetivos de alcanzar una solución justa y duradera al conflicto armado
Agonía manifiesta de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas
■ Escasas, las posibilidades de entendimiento entre las partes; los desencuentros han sido constantes
El gobierno federal parece dispuesto a desaparecer la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, a pesar de que no ha cumplido sus objetivos. Ciertamente, las posibilidades de diálogo han sido escasas. Los desencuentros entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los representantes de los poderes Ejecutivo y el Legislativo han sido constantes, salvo los meses que duraron los diálogos de San Andrés (1995-1996) y la oportunidad que decía ofrecer el gobierno de Vicente Fox en 2001.
Ambas cincunstancias se fueron por la borda. La primera cuando el gobierno zedillista desconoció su compromiso con los acuerdos de San Andrés (el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, argumentó, memorablemente, haber estado ebrio cuando aceptó que sus representantes firmaran con los rebeldes).
La segunda, cuando los senadores de todos los partidos aprobaron una reforma que los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena consideraron “traición”. Este hecho marcaría la gestión del representante foxista Luis H. Álvarez, quien nunca obtuvo respuesta del EZLN a sus llamados. Los rebeldes han sostenido que no se puede dialogar con gobiernos incapaces de cumplir su palabra. No obstante, el comisionado gubernamental se movió por la “otrora la zona de conflicto” (expresión suya) como si existieran condiciones.
En julio de 2005, al comparecer ante la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, que presidía la panista Luisa María Calderón Hinojosa, Álvarez expresó:
“Si yo hubiera sido indígena y vivido las condiciones que vivían y que todavía siguen viviendo la mayoría de las comunidades indígenas, es más que probable que yo hubiera sido zapatista”. Incluso “celebró” la decisión de los zapatistas de levantarse en armas en 1994.
La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas fue aprobada por el Congreso el 9 de marzo de 1995, un mes después de que el presidente Ernesto Zedillo ordenara la mayor ofensiva militar que ha habido contra el EZLN y sus bases de apoyo.
La ley norma las políticas para lograr la paz en la región indígena, cimbrada en su totalidad por el movimiento armado y su impacto social y político.
Paralela y extraoficialmente se inició la campaña de contrainsurgencia que desde entonces forma parte de las estrategias gubernamentales para “solucionar” el conflicto. El gobierno había dado un paso hacia la guerra, y luego propició un instrumento para la paz, que originó a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Desde entonces, dicha ley “tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1º de enero de 1994”.
El texto destaca aquella fórmula con la cual, a regañadientes, el gobierno reconocía la legitimidad de la rebelión:
“Para los efectos de la presente ley, se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto.”