■ Llevan presos 12 años por un asesinato que autoridades no han podido acreditar
Exige el Centro Fray Bartolomé que se excarcele a dos simpatizantes del EZLN
■ Familiares de los dos indígenas recluidos mantienen huelga de hambre frente a la cárcel
“Queremos que los liberen. Yo tenía 11 años cuando se llevaron a mi papá”, dijo Prisciliano Pérez Gómez, de 23 años, hijo de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y nieto de Francisco Pérez Vázquez, quienes llevan presos casi 12 años. Los dos campesinos choles de la comunidad Huapacal (municipio autónomo El Campesino, Chiapas) se encuentran en la cárcel de Tacotalpa, Tabasco, condenados a 25 años por un “homicidio calificado” que nunca fue probado.
Esto “en un proceso penal en el que no se respetó la garantía de juicio justo”, señaló ayer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) en un llamado de acción urgente para demandar la liberación de Ángel y Francisco, quienes se encuentran en huelga de hambre desde el lunes.
Prisciliano confirmó que familiares de los dos indígenas están en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Tacotalpa, y dijo: “Mi papá sigue enfermo”. Al respecto, el CDHFBC exigió, además de “libertad inmediata y reparación de los daños ocasionados por el Estado mexicano a Francisco, Ángel y sus familias”, atención médica urgente “por especialistas externos a la cárcel y realizar los análisis clínicos pertinentes”.
En un boletín, el CDHFBC subrayó: “Son presos políticos, detenidos en 1996 en el contexto de la persecución a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios ‘Nueva semilla que va a producir’ los reconoce como bases de apoyo, los considera presos políticos y exige su liberación inmediata”.
En el segundo día de dicha protesta, la otra campaña en Tabasco y el Frente Nacional Contra la Represión denunciaron que las autoridades no permiten visitas, ni siquiera a los familiares. Ángel y Francisco, diabéticos, padecen disentería. El primero se dice dispuesto a llegar “hasta las ultimas consecuencias”, mientras los plantonistas son intimidados por “porros que van y vienen con miradas asesinas”.
La Voz del Amate, adherente a la otra campaña, y el “Grupo Zapatista” del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 14 de Chiapas manifestaron solidaridad con sus compañeros en Tacotalpa: “una resistencia pacífica es digna de respeto”.
Además, hicieron un “llamado urgente” para denunciar “el artero atropello que pone en riesgo de muerte a nuestros siete compañeros de la Voz de los Llanos en el Cereso cinco de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”. Deploran que sus compañeros fueran “brutalmente golpeados y lastimados por toda su anatomía; en este momento desconocemos su estado de salud”, pero saben que, 16 días después de concluir una huelga de hambre por más de un mes, “se encontraban en deterioradas condiciones”.
La Voz del Amate denuncia que el ataque en el Cereso cinco, el 21 de abril, “fue operado por el director Alejandro Galicia Morales, utilizando a la población para fines de represión”. Exige la “inmediata destitución y detención” del funcionario, “para que se haga responsable de este acto de violación a los derechos humanos y las garantías individuales”. La agresión estuvo a cargo de otros internos, quienes en presencia de la policía carcelaria los encerraron en los baños y ahí los torturaron y apalearon. Según los agredidos de la Voz de los Llanos, cada atacante “recibió 100 pesos y un ‘tubo’ de mariguana” en retribución por el “trabajito”.
Los presos de El Amate demandan una investigación exhaustiva y solicitan la intervención de Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal, y de la sociedad civil. Reprueban esa “falta de respeto a los reclamos de las organizaciones que luchan por la libertad”.