■ Costa Rica niega asilo a Mario Uribe, ex líder del Senado y socio político del gobernante

Detienen a primo del presidente colombiano por nexos con paras

■ La captura “me duele; la asumo con patriotismo”, declara el Ejecutivo a medios locales

■ Suman 62 los legisladores involucrados en la narcoparapolítica; 31 ya están en la cárcel

Jorge Enrique Botero (Corresponsal)

Bogotá, 22 de abril. Luego de permanecer casi 12 horas en la embajada de Costa Rica, país que le negó una solicitud de asilo, el ex presidente del Senado de Colombia, Mario Uribe, fue detenido esta noche por la Fiscalía bajo cargos de alianzas con grupos paramilitares de extrema derecha.

La salida del ex legislador se produjo en medio de la algarabía de una multitud que le gritaba “¡Asesino, asesino!”

Mario Uribe, quien renunció hace seis meses a su condición de senador para evitar que lo juzgara la Corte Suprema, es primo del presidente Álvaro Uribe y es también su principal socio político desde hace más de 20 años.

Temprano en la mañana, el ex senador anunció que se entregaría a la Fiscalía tras conocer que tenía orden de captura en su contra, pero sorpresivamente apareció en la sede diplomática costarricense, donde hizo una formal solicitud de asilo.

Un par de horas más tarde, miles de personas se agolparon frente a la embajada para clamar contra un eventual asilo para el ex presidente del Senado.

En medio de una tensa situación, al caer la noche el gobierno costarricense anunció que consideraba “improcedente” la solicitud. “La histórica institución del asilo no puede ser desvirtuada”, explicó la cancillería de la nación centroamericana.

Minutos más tarde, el presidente Uribe, por medio de su secretario de prensa, emitió una lacónica frase sobre la detención de su primo: “Me duele, la asumo con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades en defensa de las instituciones”.

El canciller Fernando Araújo relató a medios locales que le había explicado a su homólogo costarricense en horas de la tarde la situación de Mario Uribe, al tiempo que que calificó de “autónoma y respetable” la decisión costarricense de negar el asilo al ex senador.

Al ex legislador se le acusa de haber realizado pactos con bandas armadas de ultraderecha para despojar de sus tierras a miles de campesinos en los departamentos de Sucre y Antioquia. También se le incrimina por reunirse en dos ocasiones con el máximo líder de los paramilitares, Salvatore Mancuso, con quien habría hecho acuerdos electorales a comienzos de 2002.

Aunque la Fiscalía ya había agotado prácticamente todo el tiempo que tenía para encarcelar o dejar en libertad a Uribe, la noticia de que el primo del presidente sería llevado a prisión causó una verdadera tempestad política en el país, que todos los días ve desfilar hacia la cárcel a más congresistas. Hoy son 62 los legisladores involucrados en investigaciones, por lo que se ha denominado la narcoparapolítica. Ya están tras las rejas 31 de ellos.

Tras los resultados de las elecciones de 2002, los propios jefes paramilitares, que hoy son juzgados a la sombra de una ley ampliamente favorable a sus intereses, proclamaron que al menos 35 por ciento del Congreso de Colombia estaba en sus manos. Según expertos en temas electorales, esta cifra se incrementó en los comicios de 2006.

Con el fondo de un airado coro de centenares de voces que gritaban “¡Asesino, asesino!”, La Jornada dialogó con algunos de los manifestantes reunidos frente a la embajada de Costa Rica, quienes llenaron las rejas del lugar con fotografías de sus seres queridos asesinados por las bandas ilegales de ultraderecha.

Iván Cepeda, hijo mayor del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, asesinado en 1989, dijo que recibía con alegría la decisión costarricense y acusó al gobierno colombiano de “complicidad” con el acusado.

Recientemente la embajada de Costa Rica denegó solicitudes muy similares de las legisladoras Rocío Arias y Eleonora Pineda, también involucradas en pactos con los narcoparamilitares.

Mario Uribe es un familiar muy especial del presidente, pues no sólo los unen lazos de sangre, sino que sus vidas políticas han transcurrido de manera paralela, en la misma región del país (Antioquia) y en la misma época.

Los dos llegaron al Congreso en 1986 y –según la revista Semana– compartieron durante años el mismo departamento en Bogotá. La misma publicación había calificado hace un par de semanas el caso de Mario Uribe como “una papa caliente” para la Fiscalía.

El camino a la cárcel de este senador ha estado rodeado de escandalosos episodios que enfrentaron a los poderes Ejecutivo y Judicial en septiembre del año pasado, cuando el propio presidente Uribe llamó al presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia para preguntarle sobre el expediente contra su primo.

Valencia denunció públicamente lo que llamó una intervención indebida del primer mandatario en los predios del Poder Judicial, desatando con sus declaraciones una tormenta que aún no termina: el presidente Uribe negó que hubiera averiguado por su familiar y reviró con una demanda penal contra Valencia, a quien acusó de mentir.

No es la primera vez que la familia Uribe se ve envuelta en casos judiciales. Diversos testimonios señalan que en los años 80 el padre del actual presidente de Colombia sostuvo relaciones con reconocidos jefes del cártel de Medellín, en especial con el clan Ochoa y con Pablo Escobar. La ex amante del capo, Virginia Vallejo, asegura en su libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar” que en un helicóptero de éste fue sacado de su finca el cuerpo sin vida del padre de Álvaro Uribe, asesinado en una zona rural del departamento de Antioquia. Vallejo también asegura que el actual presidente, quien se desempeñaba a comienzos de los 80 como director de Aeronáutica Civil, otorgó decenas de licencias a pistas y aviones de narcotraficantes.

Este nuevo escándalo se suma a la reciente denuncia de la ex congresista Lydis Medina, quien aseguró este fin de semana que el gobierno, en cabeza del presidente, le ofreció numerosas dádivas para que votara en favor de la ley que permitió la relección de Uribe en 2006. Según Medina, el gobierno incumplió sus promesas.

Otro episodio que mantiene en vilo al gobierno es la negativa de la Corte Suprema de autorizar la extradición a Estados Unidos del narcotraficante y paramilitar Carlos Mario Jiménez, más conocido como Macaco, argumentando que éste deberá pagar primero en Colombia por los crímenes que se le atribuyen, entre ellos la ejecución de decenas de matanzas contra campesinos en zonas consideradas de influencia guerrillera.