■ Teme abusos por operación policiaco-militar
Pide AI juicio justo para 5 detenidos en Guerrero
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Soldados y policías de la Agencia Federal de Investigación instalaron retenes en los alrededores del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, e interrogan a los pobladores de la zona en busca de armas, narcotraficantes y células guerrilleras
Foto: Carlos Betancourt / La Jornada Guerrero
Chilpancingo, Gro., 22 de abril. Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente en la que pide al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y al procurador de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia, que garanticen un juicio justo y apegado a derecho a los cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) detenidos y encarcelados el 17 de abril acusados de homicidio.
AI dijo temer “un juicio injusto y actos de tortura o maltratos” contra Orlando Manzanares Lorenzo, dirigente de la OPIM en El Camalote; del ex comisario Manuel Cruz Victoriano, así como de Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina (sobrinos de la indígena Inés Fernández Ortega, quien fue violada por soldados en 2002) y de Raúl Hernández Abundio.
Asimismo, demandó que no haya maltrato para los otros 10 integrantes de la OPIM, entre ellos su presidente, Cuaúhtemoc Ramírez, quienes tienen órdenes de aprehensión por el mismo caso, según denunció la misma organización.
Amnistía Internacional llamó a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) a que documente los actos de hostigamiento y las irregularidades que se detecten durante el proceso.
Juan Alarcón Hernández, presidente de la Coddehum, afirmó que las operaciones y los retenes militares instalados en las comunidades indígenas tlapanecas ubicadas en el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, son ilegales y anticonstitucionales porque “detienen a las personas, les piden identificación y causan molestias, pero la sociedad los acepta por la inseguridad que se vive”.
Pidió al Ejército Mexicano cumplir su misión en esa región de la Costa Chica, pero respetando las garantías de los ciudadanos, la mayoría indígenas. “Ningún argumento es válido para que se violen los derechos humanos”, insistió.
En cambio, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo avaló la presencia del Ejército en Ayutla de los Libres y advirtió: “Quien transgreda el estado de derecho se hará acreedor a lo que éste establece, sean defensores de lo que sean”.
Mientras, integrantes de la OPIM y de la Organización de Pueblos Indígenas Na’savi (mixtecos) anunciaron que este miércoles protestarán fuera del penal de Ayutla, donde están recluidos los cinco indígenas.