Editorial
Calderón: declaración lamentable
En momentos en que la confrontación nacional generada por la propuesta presidencial de privatizar parcialmente la industria petrolera pareciera ganar fluidez con la posibilidad de un acuerdo entre las fracciones parlamentarias para emprender un debate amplio, plural y en un tiempo razonable en torno al tema, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, introdujo ayer, en una conferencia de prensa ofrecida en Estados Unidos, una complicación adicional en el conflicto. En una toma de posición tardía, equívoca tanto en la forma como en el fondo, y poco respetuosa de su propia investidura, el político michoacano afirmó que deplora la toma de las tribunas parlamentarias, iniciada hace casi dos semanas, porque “empobrecen la imagen de quienes las realizan y debilitan la imagen de partidos tan importantes como el PRD, que sumados a su propia crisis interna, hoy viven un empobrecimiento de su imagen pública por comportamientos que simple y sencillamente los ponen en ridículo”.
La declaración, destemplada en el tono e inapropiada en el contexto –porque no es correcto que un jefe de Estado aproveche sus giras por el extranjero para exhibir problemas de la política interna ni para descalificar a sus adversarios nacionales–, omite además un dato fundamental: que la acción de protesta no la emprendió el PRD en solitario, sino el Frente Amplio Progresista (FAP), que incluye además a los partidos del Trabajo y Convergencia, institutos políticos que cuentan con representación en el Congreso y con registro legal vigente, y que, sin embargo, son ninguneados por el discurso presidencial, el cual sugiere, además, que la crisis perredista se extiende a las filas de esos otros partidos. Más allá del exceso verbal, de las imprecisiones y omisiones, la apreciación presidencial constituye una intromisión indebida en los asuntos internos del partido del sol azteca.
Pero lo más preocupante es que el gobernante induce a la confusión sobre el fondo del conflicto al pretender reducirlo a la acción de un puñado de legisladores que “hacen el ridículo”, e ignorar que las medidas adoptadas por el FAP en Xicoténcatl y en San Lázaro son consecuencia, y no causa, de un desencuentro nacional provocado por el propio gobierno calderonista en su afán de entregar segmentos fundamentales de la industria petrolera a empresas privadas. Como agravante adicional, las expresiones del jefe del Ejecutivo federal ignoran el vasto descontento creado por su iniciativa privatizadora y el hecho de que la toma de las tribunas no es un hecho aislado, sino parte y expresión de un movimiento social extenso, y creciente, al parecer, en defensa del estatuto constitucional de los hidrocarburos.
Por lo demás, antes de afirmar que la toma de las tribunas “empobrecen la imagen de quienes las realizan”, Calderón debiera tener en cuenta que fueron precisamente las acciones del FAP en ambas cámaras, y las movilizaciones populares fuera de ellas, las que impidieron lo que habría sido una irresponsabilidad política mayúscula y antidemocrática: la aprobación sin más trámite ni discusión de la pretendida reforma enviada por Los Pinos al Senado, como si se tratara de un asunto rutinario y hasta secundario, y como si en él no estuviesen en juego la soberanía, la fortaleza del Estado y las perspectivas de desarrollo futuro del país.
La tarea de un jefe de Estado es distender las confrontaciones y propiciar la construcción de consensos nacionales, no contribuir a la crispación, a la polarización y a las fracturas en la sociedad. Con las intempestivas declaraciones de ayer, Calderón se alinea, al menos en la percepción de la opinión pública, con la campaña mediática de linchamiento a la oposición emprendida la semana pasada por grupos ultraconservadores, en la que se equipara en forma desproporcionada y aberrante las acciones del FAP con las realizadas por dictadores como Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta; una campaña que incluso en los sectores cercanos al poder ha sido objeto de condena y toma de distancia, y que es considerada por la opinión pública en general como infame, delirante, ilegal e impresentable.