■ Cede soberanía a extranjeros, según el perredista Tomás Torres
Prevén acción de inconstitucionalidad contra la nueva ley de adquisiciones
La estrategia que han seguido los senadores de PRI y PAN para legitimar “las modificaciones inconstitucionales” a la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, con base en asegurar que cambios similares llevó a cabo el Gobierno del Distrito Federal durante las gestiones de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, “no tiene ningún sustento”, según el senador perredista Tomás Torres.
Explicó que los cambios realizados en 1998 y 2004 a la ley de adquisiciones capitalina no incluyeron permitir que se lleven a cabo licitaciones en el extranjero para la compra de insumos o maquinaria, sometiéndose al imperio de la ley de otros estados y cediendo con ello soberanía, que fue precisamente lo que aprobaron priístas y panistas el lunes pasado.
Esta modificación, agregó, viola lo marcado en la Carta Magna e incluso es materia de responsabilidad de los servidores públicos, por lo que se debe presentar una acción de inconstitucionalidad, recurso que ya analizan las bancadas del PRD en ambas cámaras, para que lo lleve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien logre reunir la tercera parte de legisladores establecida en la ley.
El lunes pasado, cuando la senadora Yeidckol Polevnsky acudió al recinto alterno de la Torre de El Caballito para expresar que las reformas a la ley de adquisiciones vulneran la Carta Magna, al permitir la extranjerización de las compras del gobierno federal, el panista Gustavo Madero le hizo notar que cambios similares fueron avalados por López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Ello es falso, recalcó Torres, porque las modificaciones a la ley de adquisiciones del Distrito Federal, que datan de la época de Cuauhtémoc Cárdenas, posibilitan las licitaciones “en reversa” y las ofertas sucesivas en busca del mejor precio, pero “en forma alguna” para que el gobierno capitalino pueda comprar en el extranjero bajo las leyes del país en que se lleve a cabo la transacción.Dijo que Felipe Calderón estuvo siempre muy interesado en que se aprobaran las modificaciones que PRI y PAN sacaron adelante fast track en ambas cámaras –aprovechando el movimiento de resistencia del Frente Amplio Progresista (FAP)–, porque está “muy preocupado por dar certeza jurídica y marco legal a todas las operaciones ilegales e irregulares que se han dado desde la época de Vicente Fox”.
Sin embargo, las propias empresas extranjeras tienen temor del futuro de sus inversiones porque saben que la Constitución está por encima de cualquier legislación secundaria, como es el caso de la ley de adquisiciones.
El senador zacatecano, experto en materia jurídica, resaltó que además de las acciones legales que tomen los legisladores para echar abajo esa ley inconstitucional, “el sector empresarial también debería jugársela” y acudir al amparo, porque es obvio que se pretende beneficiar a compañías extranjeras.