Señoras y señores ministros de la SCJN
En relación con el decreto por el que hace un año se reformó el Código Penal del Distrito Federal para permitir la interrupción del embarazo hasta la decimosegunda semana de gestación, quiero llamar su atención sobre la importancia de confirmar su constitucionalidad y en particular valorar el acierto de los asambleístas, quienes buscaron complementar esa reforma con adiciones muy pertinentes a la Ley de Salud del Distrito Federal.
Algo de lo que se ha hablado poco ha sido que la reforma pretende mejorar la salud sexual de las mujeres, así como disminuir los embarazos no deseados y los abortos, porque logró combinar tres aspectos: el acceso a la interrupción del embarazo, la promoción de prácticas preventivas y el fortalecimiento de la educación sexual.
Tal como a la letra dice el segundo párrafo del artículo 16 Bis 8: “El gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas integrales, tendientes a la educación y capacitación sobre la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y paternidad responsables. Sus servicios de planificación familiar y anticoncepción tienen como propósito principal reducir el índice de abortos mediante la prevención de embarazos no planeados y no deseados, disminuir el riesgo reproductivo, evitar la propagación de las enfermedades de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente las niñas y niños, adolescentes y jóvenes”.
Hay que reconocer que entre los miedos de la ciudadanía está que la reforma pudiese aumentar el número de embarazos y abortos, particularmente entre las mujeres jóvenes. Hay que saber que, por el contrario; está documentado que el acceso a interrumpir el embarazo al unirse con servicios de anticoncepción y educación sexual disminuye a mediano plazo la tasa de embarazos y de abortos inducidos.
Las experiencias son múltiples, pero me referiré al caso paradigmático de Suecia, ejemplar en la instrumentación de esa triple estrategia. El país pionero en la salud sexual del mundo cuenta con un largo historial. En 1956 Suecia instrumentó una educación sexual obligatoria desde los siete años de edad en todas las escuelas públicas, abrió clínicas para adolescentes con servicios de planificación familiar desde 1960, y en 1975 amplió la currícula de educación sexual y el acceso libre al aborto hasta las 18 semanas de gestación. A partir de ese año la fertilidad adolescente descendió en forma precipitada y es hoy una de las más bajas de Europa: 3 por ciento de madres menores de 20 años. Este descenso se explica por un incremento variable de abortos en los años posteriores a la reforma legal, la mayor información preventiva entre las adolescentes y el aumento en el uso de anticonceptivos modernos. Primero se registró la reducción de la tasa de embarazo y unos años más tarde la declinación de los abortos inducidos. Tan sólo entre las adolescentes de 18 años, la tasa total de abortos pasó de 33 a 23 por cada mil mujeres en 10 años, para subir a 31 en 1990 y estabilizarse en 28 después de 20 años.
Las mujeres suecas abortan por problemas económicos, dudas sobre la relación de pareja o por embarazos inoportunos, lo cual fundamenta la necesidad de sostener el acceso libre al aborto junto con los servicios de salud reproductiva y educación sexual en todos los grupos de edad y condición.
En México el embarazo no deseado y el aborto han venido descendiendo principalmente por el incremento en el uso de anticonceptivos modernos y la sostenida educación sexual en las escuelas. Tan sólo en 15 años (de 1987 a 2003) el descenso general del aborto fue de 22.7 a 19.8 por ciento, y en el grupo de edad de 45 a 49 años el cambio fue de más de 10 puntos porcentuales. Como los programas se han enfocado más en mujeres unidas, entre las adolescentes el descenso del aborto ha sido menor (de 3 por ciento). Actualmente 55 por ciento de los embarazos adolescentes no son deseados y hay un retroceso reciente en el uso de anticonceptivos en este grupo de edad, atribuible a la falta de prioridad de los gobiernos panistas.
A diferencia de Suecia, la tendencia a continuar un embarazo no deseado es predominante entre las mexicanas, sobre todo las de menor escolaridad; la mayoría de las 7 mil 800 mujeres que han recibido en este año un servicio gratuito de interrupción legal en el Distrito Federal tienen estudios de secundaria y preparatoria.
Señoras y señores magistrados: en sus manos está la posibilidad de continuar y extender este esfuerzo de justicia social, y de que el derecho a una maternidad voluntaria pueda alcanzar en el futuro próximo a las mujeres de todas las condiciones sociales.