■ Enviará nota diplomática por posible reconocimiento a la guerrilla como fuerza beligerante
Protesta Colombia por declaraciones de Rafael Correa sobre las FARC
■ Ecuador censura actos de los rebeldes y aclara que tergiversaron una entrevista del mandatario
■ Álvaro Uribe pide investigar los vínculos de políticos de izquierda con los grupos insurgentes
Ampliar la imagen Productores de hoja de coca mantienen el plantón en la ciudad de Taraza, noreste de Colombia, en protesta por los operativos para erradicar sus cultivos Foto: Ap
Bogotá, 24 de abril. Colombia anunció hoy que enviará una nota de protesta a Ecuador por las declaraciones del presidente de ese país, Rafael Correa, acerca de la posibilidad de conceder estatus de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) si éstas abandona las prácticas de secuestro y terrorismo.
El ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo, declaró que “no vamos a contestar a través de los medios, sino mediante una nota diplomática”, que su despacho ya está preparando para enviarla a Quito con copia a la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Nosotros consideramos que un país democrático no puede caer en la tentación de darle ningún tipo de estatus a un grupo que ejecuta actos de terrorismo permanentemente. Yo mismo estuve secuestrado seis años por las FARC y le doy fe a la comunidad internacional de la calidad de terroristas que son”, dijo Araújo.
Agregó que la nota de protesta hará referencia a otras declaraciones hechas por Correa en los últimos días contra el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que a su entender no respetan el compromiso de los dos países ante la OEA de crear condiciones de confianza para el restablecimiento de las relaciones.
“Desde la cumbre del grupo de Río y después en la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA, convinimos un programa de acercamiento con Ecuador y se hizo un pacto para no más declaraciones negativas de los miembros de los gobiernos”, citó.
A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador emitió una nota en la que rechazó un presunto reconocimiento de las FARC como grupo beligerante por parte del presidente Correa, señalando que “se tergiversaron” las declaraciones que hizo el mandatario en una entrevista para Telesur.
“Se ha distorsionado el mensaje”, apuntó en el comunicado, reiterando el rechazo de Ecuador a las acciones de la principal insurgencia colombiana, y ratificó su reclamo de liberación inmediata de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y de los demás rehenes colombianos y extranjeros.
Aboga Quito por avanzar hacia la paz en el país vecino
Apuntó que el jefe de Estado censuró “las prácticas contra el derecho internacional humanitario, así como conductas ilegales de apoyo al narcotráfico”. Asimismo, dijo que en sus declaraciones se repudia la presencia de dicho grupo irregular en suelo nacional y se aboga por avanzar hacia la pacificación en el país vecino.
La cancillería reprodujo el polémico fragmento expresado por Correa: “Para poder alcanzar ese estatus (de beligerancia), lo dijimos, tendrían (las FARC) que renunciar a esas prácticas que van contra los códigos de guerra: secuestros, atentados que se puedan calificar de terroristas, bombazos”.
La prensa citó a Correa diciendo que su gobierno haría el reconocimiento si las FARC dejan la práctica del secuestro y si se cumplen condiciones como el control de un territorio, una estructura armada organizada, el respeto de los códigos de guerra y el acatamiento de la Convención de Ginebra.
El ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, señaló que el planteamiento del presidente Correa tiene que ver con evitar las incursiones de la guerrilla y del propio ejército colombiano en su frontera, y promover una salida política al conflicto, que impacta la seguridad ecuatoriana.
Uribe expresó su malestar por las palabras de Correa respecto del estatus de beligerancia. Aseveró que una democracia no puede reconocer dicho estatus a un grupo violento que comete actos terroristas.
“Las FARC no tienen control territorial. Si lo tienen, ¿por qué andan escondidos? Es un grupo criminal que no administra justicia y no cumple el derecho internacional humanitario”, sostuvo. Agregó que de su parte no se concederá el estatus de beligerancia porque los va a seguir combatiendo para “acabar con estos terroristas”, e insistió en que las FARC atacan desde Ecuador a Colombia.
Además, Uribe afirmó que su gobierno no repetirá operaciones militares fuera del país como la del primero de marzo en territorio ecuatoriano contra un campamento de las FARC, que causó la muerte del líder rebelde Raúl Reyes y una veintena más de miembros de la guerrilla y civiles, provocando que Quito rompiera los lazos diplomáticos.
Justificó que lo ocurrido fue “un llamado de atención” sobre las actividades de la guerrilla fuera del país, pero que ahora tiene un compromiso con la OEA y el Grupo de Río de no volver a proceder de ese modo y espera la colaboración de naciones vecinas.
En el plano interno Uribe, quien dijo no descartar postularse para un tercer periodo de cara las elecciones de 2010, abogó por que se investiguen los vínculos de políticos con las guerrillas en forma paralela a las pesquisas que se realizan sobre los nexos de las bancadas oficialistas con los paramilitares de extrema derecha.
El mandatario dijo basarse en que en la computadora del abatido guerrillero Raúl Reyes hay material que revelería conexiones de las FARC con políticos de izquierda. El congresista oficialista Santiago Castro también apoyó que se haga esa investigación, pues resultaría “más revelador” que el caso de la parapolítica, que involucra a más de 60 legisladores de derecha.
Uribe, quien ahora también es investigado por las autoridades por presuntos vínculos con los paramilitares y de haber participado con esos grupos en una matanza de 15 campesinos en 1997, afirmó estar dispuesto a renunciar si sus críticos logran demostrar que ha presionado a la justicia en el proceso que involucra a su primo Mario Uribe con los paramilitares.
En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia colombiana solicitó al gobierno de Uribe entregarle los archivos de la computadora incautada de Reyes para determinar si abre una investigación por nexos de políticos con la guerrilla.