■ Exigen al Estado creación de una reserva de comestibles y moratoria a biocombustibles

Ya presenta México signos de crisis alimentaria, alertan ONG

■ Según los parámetros de la ONU, aquí el fenómeno se manifiesta en alza de cotizaciones y creciente importación de granos

■ Los más pobres gastan en comida hasta 80% de sus ingresos

Fabiola Martínez

Grupos civiles, encabezados por la red Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FIAN, por sus siglas en inglés), sección México, advirtieron que el país presenta signos de crisis alimentaria como la que padecen al menos 37 naciones más, de acuerdo con parámetros de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Aquí, la situación adversa se evidencia con la creciente importación de granos, el aumento de precios de productos de consumo generalizado –respecto al poder de compra del salario mínimo– y la caída en la capacidad de producción en el campo.

Por ello, exigieron al Estado crear de manera urgente una reserva alimentaria, aplicar control efectivo de importaciones y exportaciones, y reglamentar con mayor precisión la comercialización de biocombustibles, para cuya elaboración se usan granos como materia prima.

“En México, las autoridades responsables de garantizar el acceso a los alimentos no han anunciado ninguna política para frenar el aumento de los precios de la canasta básica, que golpea de manera creciente la alimentación de los sectores populares”, señala el comunicado conjunto de FIAN México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y Espacio DESC.

De acuerdo con cifras oficiales, 45 millones de mexicanos viven en condición de pobreza, y en los estratos de ingreso hasta de dos veces el salario mínimo (menos de 300 dólares al mes) gastan entre 70 y 80 por ciento de sus percepciones en la compra de alimentos básicos. Nivel amplio si se considera el 16 por ciento registrado en Estados Unidos.

“Frente a la crisis, los funcionarios no pueden emitir declaraciones optimistas; se requiere reorientación del consumo y, sobre todo, integrar una amplia reserva alimentaria”, señaló Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.

Posible, un estallido social

En coordinación con Leticia Correa y Alicia Cariguiliborde, representantes de la organización civil internacional FIAN, y Carlos Ríos, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, entre otros, esos grupos no gubernamentales advirtieron que el estallido social, derivado de una crisis alimentaria, es un fenómeno posible.

Advierten que una situación de crisis lleva a la población a buscar otros alimentos, los cuales frecuentemente son de bajo contenido nutricional (chatarra), y provoca mayor migración interna y hacia el extranjero.

En conferencia de prensa distribuyeron también una carta abierta de la FIAN a los gobiernos, precisamente para alertar acerca de la crisis alimentaria mundial y la sugerencia de “imponer una moratoria inmediata a las metas de producción de agrocombustibles”.

Frente al peligro internacional de una crisis alimentaria (confirmada por Ban Ki Moon, secretario general de la ONU; Jacques Diouf, director de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, y Roberto Zoellick, presidente del Banco Mundial), las autoridades mexicanas sólo han hecho referencia a que el abasto está garantizado y que hay mayor presupuesto para el campo (204 mil millones de pesos para este año), pero no han podido garantizar un precio estable para el kilogramo de la tortilla.

Los grupos civiles mexicanos exigieron al gobierno federal frenar la escalada de precios en los alimentos; proteger a la población de las prácticas monopólicas de las empresas trasnacionales y nacionales (acaparamiento de comestibles); asignar recursos al campo para la producción de maíz destinado a consumo nacional, y decretar una moratoria en la generación de agrocombustibles, por su inminente impacto en el derecho a la alimentación y el agua.

De este último punto, Arcelia González Merino, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, se refirió al impacto social de los biocombustibles y sugirió que se excluyan de este proceso (ya hay una planta para este fin en Sinaloa) los granos que son base de la alimentación de los mexicanos, y advirtió sobre la necesidad de impulsar una política de reserva estratégica de petróleo. Cabe precisar que de 2007 a la fecha, el valor de los granos básicos registra alzas hasta de 47 por ciento.

Villamar precisó que en años recientes, México ha perdido 80 por ciento de su capacidad para producir arroz, mientras que la comercialización de los granos se encuentra sujeta a una “mafia financiera internacional” que estimula la especulación de los precios de las materias primas.