■ Además se incrementan las quejas contra militares por violación a los derechos humanos
Pese a lucha anunciada contra el crimen organizado, crece la cifra de ejecuciones
Cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República declaró la “guerra al narcotráfico”. Después de 17 meses, los resultados no son del todo favorables para las autoridades, ya que en ese lapso han fallecido 47 soldados en diversas acciones contra el crimen organizado, cifra que representa casi 20 por ciento total de militares muertos en esas acciones en los pasados 10 años.
A pesar del enorme despliegue militar y de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, tan sólo en nueve entidades se han cometido 3 mil 845 ejecuciones, mientras de 2001 a 2008 se tienen contabilizadas en total 12 mil 746 ejecutados, cifra proporcionalmente menor a la de muertos registrada en años anteriores.
Por otra parte, si bien informes oficiales destacan la disminución de la violencia en 16 estados, entre éstos Campeche, Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, Sonora, Veracruz y Nuevo León, resulta que en 10 entidades se desató la violencia, particularmente en Chihuahua, Baja California, Coahuila, Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Guanajuato, donde se superó el número de ejecuciones de los años recientes o bien en los tres primeros meses se registra ya 50 por ciento de los homicidios con relación a 2006.
“Punto máximo” de asesinatos
De acuerdo con información oficial, el alza en las presuntas ejecuciones que hubo al principio de la administración alcanzó “su punto máximo” en los meses de marzo y abril de 2007, con un total de 632 asesinatos, y a partir de ahí se observa un descenso paulatino.
La Secretaría de Seguridad Pública federal afirma que el promedio diario de ejecutados se ha modificado en los pasados tres años: en 2006 fue de 8.1; en 2007, 7.6, y en los tres primeros meses de este año es de nueve.
El costo que ha tenido el combate al narcotráfico para las instituciones directamente relacionadas ha sido alto.
Además de los militares fallecidos, cuya cifra va en aumento, de enero a abril del presente año han sido asesinados 30 policías, entre ministeriales y municipales.
Las entidades en que han ocurrido más bajas de elementos policiacos son Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
Por otra parte, el despliegue militar de diciembre de 2006 a la fecha ha traído en consecuencia también que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se viera en la necesidad de crear la Dirección General de Derechos Humanos, que encabeza el general Jaime Antonio López Portillo, para apoyar la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la investigación de abusos de militares en perjuicio de la población civil.
En su momento, el general López Portillo declaró a este diario que “la labor de la dirección se ha incrementado en los años recientes debido a los operativos contra el crimen organizado impulsados en la presente administración”, y comentó que los civiles muertos en estas acciones a manos de soldados son consecuencia de que “en el momento salieron del control del soldado que participaba en los hechos, pero no con una premeditada intención de afectar a la población”.
Precisó que las denuncias más repetidas contra soldados tienen que ver con cateos y visitas domiciliarias ilegales, detenciones arbitrarias, ejercicio indebido de la función pública y lesiones. Mención aparte merece la muerte de civiles por soldados en retenes. “Hemos tenido cuatro casos de homicidios y lesiones de manera colateral con el trabajo operativo de las tropas”, indicó.
De nueva cuenta, Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán han registrado más denuncias en contra de los militares por violar las garantías de los ciudadanos. Según la CNDH, en los pasados ocho años, de las 3 mil 898 quejas que ha recibido contra la Sedena, en 77 se sancionó a los soldados, de los cuales 65 fueron consignados a tribunales militares, ocho fueron amonestados, tres arrestados y uno fue destituido de su cargo.
El despliegue del gobierno federal, según la Secretaría de Seguridad Pública, se ha traducido en la detención de 124 narcotraficantes de “alto nivel” y 15 mil 754 narcomenudistas, sicarios o burros.