La expropiación de la industria petrolera
Del artículo anterior (La Jornada, 14/4/08) se citan las palabras del presidente Carranza ante el Congreso de la Unión el 10 de septiembre de 1918: “todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus leyes, sus instituciones y su soberanía. Ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención”.
En 1920 dio inicio el periodo presidencial del presidente Álvaro Obregón, a quien se reconoce como el unificador de todas las fuerzas del México revolucionario; como a un hombre de un ideal político social avanzado y gran impulsor de la reforma agraria; pero desafortunadamente, en materia de política internacional, las circunstancias le impidieron defender nuestra soberanía nacional, pues a cambio del reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno cedió en la lucha de México por el dominio del subsuelo, así como por la aplicación retroactiva del artículo 27 en los llamados convenios de Bucareli, celebrados entre dos representantes particulares del presidente estadunidense y dos del propio Obregón, mismos que, dicho sea de paso, no estaban de ninguna manera facultados legalmente para comprometer al gobierno de México.
Se ha afirmado que si las compañías petroleras de Doheny no hubieran hecho un préstamo de 5 millones de dólares como adelanto de los impuestos que habían de pagar en 1925, quizás la rebelión de Adolfo de la Huerta no hubiera podido ser dominada por Obregón como lo hizo.
Después de las fallidas tentativas para aplicar el artículo 27 durante el régimen de Obregón, bajo el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles en 1925 se hizo un tercer esfuerzo y después de algunos tanteos del gobierno de Estados Unidos para hacer desistir al de México de presentar al Congreso la iniciativa para promulgar la primera Ley del Petróleo de México, el 26 de diciembre de 1925 fue aprobada finalmente. Este hecho, agregado a la nueva política exterior del general Calles, muy destacadamente al entendimiento diplomático con la URSS, y en lo interno en materia religiosa, desataron en el vecino país una enérgica campaña de prensa negativa contra México.
La mencionada ley prohibía a las sociedades de extranjeros la adquisición de bienes raíces, limitaba la magnitud de las concesiones y declaraba de utilidad pública la industria del petróleo. Daba además un plazo de un año para confirmar los derechos de las concesiones.
El presidente Calles anunció en 1927 la decisión de expropiar los terrenos petrolíferos, pero no pudo finalmente llevarla a cabo. En septiembre del mismo año, Calles informaba en su mensaje al Congreso que había una grave tirantez con el gobierno estadunidense.
Las compañías habían logrado que el embajador James Rockwell Sheffield influyera sobre el secretario de Estado, Frank B. Kellogg, para precipitar una intervención armada y, ya cuando el gobierno de México había confirmado las noticias que había venido publicando la prensa estadunidense acerca de que ya se habían girado órdenes para que los barcos de su escuadra se movilizaran hacia los puertos de Tampico, Tuxpan y Veracruz, el presidente Calles, en un golpe de audacia descubría vía telegráfica ante el presidente Coolidge la maniobra de Kellogg y Sheffield, logrando detener por el momento la intervención armada.
Más tarde el presidente Calles transigía ante las gestiones del nuevo embajador, señor Morrow, dejando firme la posición del gobierno mexicano de que la propiedad del subsuelo pertenece a la nación.
En 1934, cuando aceptó su candidatura a la Presidencia de la República, el general Lázaro Cárdenas dijo: “consecuentemente declaro sin subterfugios que asumiré toda la responsabilidad oficial del gobierno si llego a presidirlo… Lo esencial para que puedan realizarse en su integridad los postulados sociales, de la Constitución General de la República, y las fórmulas de coordinación social contenidas en el programa de gobierno de Partido Nacional Revolucionario… consiste en que se verifique una plena interpretación revolucionaria de las leyes, por hombres que sinceramente sientan la revolución… En estos momentos de crisis, en que el derecho internacional se verá obligado a tomar orientaciones más definidas, de acuerdo con la dignidad de las naciones, es necesario que se cultiven nuestras relaciones internacionales sobre la base del afianzamiento de lazos estrechos y generosos, ya se trate de pueblos a los que nos liguen intereses de sangre y de raza o de pueblos a los cuales nos unen intereses económicos y comerciales, pues bajo estos lineamientos estaremos siempre capacitados para asumir actitudes claras que no menoscaben la dignidad nacional ni nos obliguen a falsear el espíritu de evolución social”.
En este año de 1934 durante su campaña, el general Cárdenas, pidió a los obreros obligarlo a él mismo, o a cualquier otro ciudadano que ocupara el poder, a satisfacer las necesidades del pueblo. En 1936 se estructuraba la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organización que incluía a los grandes sindicatos industriales, de ferrocarriles, minería, energía eléctrica, petróleo, imprentas, ingenios, talleres, artesanos, maestros y trabajadores independientes. La CTM contaba en 1938 con 600 mil afiliados, de los cuales 15 mil prestaban sus servicios en las industrias petroleras.
En el informe anual del primero de septiembre de 1935 el general Cárdenas dijo: “la aplicación de la Ley del Petróleo de 1925, en lo que a concesiones ordinarias se refiere, ha demostrado no responder debidamente al principio fundamental del artículo 27 constitucional. En efecto, permite la incorporación de enormes extensiones de terreno sin trabajarse”. En el mismo año, el gobierno hacía notar que, mientras los impuestos en México eran de 1.82 pesos por barril de petróleo, en Estados Unidos ascendían a 4.10 pesos por barril y que las regalías que pagaban eran tres o cuatro veces más altas en ese país que en el nuestro.
Mientras tanto, en Estados Unidos había sido relecto presidente Franklin Delano Roosevelt, quien en 1933, durante la séptima Conferencia Panamericana de Montevideo, Uruguay, había anunciado la adopción de la política del “buen vecino” y en la Conferencia de Buenos Aires, celebrada tres años después, buscando reforzar la unidad interamericana ante la posibilidad de la guerra, refrendó el deseo estadunidense de adoptar el principio de no intervención, desechando la interpretación unilateral de la doctrina Monroe.