■ Aceptan cruceños el llamado del organismo al diálogo; silencio de Beni, Pando y Tarija

La OEA no frenará los referendos de autonomía en Bolivia, dice Santa Cruz

■ Hoy, reunión del presidente Evo Morales con su gabinete para evaluar la convocatoria del órgano hemisférico

■ Hay condiciones para la negociación con las provincias: canciller Choquehuanca

Afp y Reuters

La Paz, 27 de abril. Los dirigentes cívicos de Santa Cruz que se oponen al presidente de Bolivia, Evo Morales, aceptaron la propuesta de diálogo hecha el sábado por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero advirtieron que los referendos para dar autonomía a su región se realizarán el 4 de mayo, conforme lo programado.

“Nadie puede detener este proceso y no será la OEA la que pare el referendo”, sostuvo Carlos Dabdoub, secretario de Autonomías de Santa Cruz.

Con esa declaración Dabdoub respondió al llamado del Consejo Permanente de la OEA hecho el sábado, que reiteró su respaldo a las instituciones bolivianas y exhortó a las autoridades de las cuatro regiones que tienen previsto celebrar referendos autonómicos a que respondan concretamente a los llamados al diálogo hechos por el organismo, uno de ellos en voz de su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, el 29 de febrero pasado.

Ningún representante de las otras tres provincias que tienen programados referendos próximamente –Beni, Pando y Tarija– comentaron sobre el llamado de la OEA, mientras que fuentes gubernamentales informaron a la Agencia Boliviana de Información que Morales tiene previsto reunirse este lunes con su gabinete para evaluar la convocatoria del organismo y emitir una postura oficial.

“El diálogo es necesario y posible”, dijo Insulza el sábado durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, que recibió al ministro de Relaciones Exteriores David Choquehuanca para tratar la situación en el país andino.

Uno de los puntos de la agenda del sábado fue la discusión del informe presentado el 23 de abril pasado por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, el argentino Dante Caputo, quien por instrucciones del secretario general realizó recientemente dos visitas a Bolivia, en una gestión de buenos oficios que busca el entendimiento entre el gobierno central y los dirigentes de la oposición cruceña, que incluye al comité cívico provincial –encabezado por empresarios y terratenientes– y al prefecto Rubén Costas.

Choquehuanca dijo en la reunión que el gobierno de Morales comparte “los resultados del informe en el sentido de que están dadas las condiciones para la negociación en Bolivia; que razones de conveniencia política bloquean el camino a la negociación, y que este bloqueo puede convertirse en enfrentamiento y violencia”.

Apuntó además que “de realizarse el referéndum sobre el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, el próximo 4 de mayo, existe un verdadero riesgo de enfrentamiento entre cruceños, entre bolivianos... entre hermanos”.

Los referendos no sólo han sido objeto del rechazo del gobierno de Morales, sino que también fueron declarados ilegales por parte de la Corte Electoral, que al igual que el Congreso –dominado por el Movimiento al Socialismo–, no les reconocerán validez jurídica, puesto que la Constitución vigente no aprueba las autonomías departamentales.

La controversia política fue alimentada el viernes por el prefecto Costas cuando dijo a la prensa boliviana que “el gobierno está desesperado porque nace una nueva república, una segunda república no centralista, sino a partir de las regiones, este 4 de mayo”.

“Se viene el efecto dominó, después de Santa Cruz estarán Beni, Pando y Tarija”, afirmó Costas.

En reacción a lo dicho por el prefecto, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y uno de los principales colaboradores de Morales, Sacha Llorenti, emplazó a Costas a aclarar su planteamiento.

“Todos los bolivianos estamos alarmados, creemos que se demuestra la verdadera intencionalidad de esos estatutos que pretenden aprobar en el acto del 4 de mayo para crear una segunda república en un afán divisionista”, apuntó.

Los cuatro departamentos ubicados en la región oriental del país concentran una parte notable de los recursos económicos de Bolivia. Santa Cruz posee la mayor parte de la planta industrial y agroindustrial del país; Tarija alberga 80 por ciento de las reservas de gas, y Beni y Pando se encuentran en la rica cuenca del Amazonas.

Sin embargo, la convocatoria de “los cívicos” no ha sido apoyada por todos los sectores sociales de las cuatro provincias.

La Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) denunció que las iniciativas y las declaraciones de Costas constituyen un acto de “sedición”.

Otra organización indígena, la coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) sostuvo que “ahora se conoce la intención de las logias de no compartir sus recursos y de impulsar una autonomía separatista”.

“El diálogo tiene que iniciar antes del 4 de mayo, los trabajadores en Santa Cruz no se prestarán a esta consulta con su voto, porque la consideramos antidemocrática e ilegítima”, señaló el secretario de organización de la Central Obrera Boliviana, Sócimo Paniagua.

Además de las expresiones de rechazo al referendo, a principios de abril media docena de pueblos indígenas cruceños afiliados a la CIDOB y la CPESC declararon su propia autonomía y anunciaron que no participarán en el referendo.

Anuncios similares fueron hechos por organizaciones de colonizadores, mayormente migrantes aymaras y quechuas, y dirigentes de por lo menos dos distritos en los que se subdivide Santa Cruz.

Los líderes cívicos y los prefectos de las provincias que celebrarán referendos convocaron a la celebración de las consultas luego que la Asamblea Constituyente aprobó en diciembre pasado la nueva Carta Magna boliviana, que por primera vez en la historia del país reconoció derechos indígenas largamente postergados en un país mayoritariamente habitado por pueblos originarios.

Los dirigentes cívicos y el prefecto de Santa Cruz avivaron su enojo con Morales luego que su administración anunció que reconocerá derechos sobre la propiedad rural de familias guaraníes que viven en condiciones de servidumbre en el Alto Parapetí, dentro del territorio cruceño, en la región del Chaco.