■ Pretenden que ese organismo atraiga el caso de las agresiones contra las atenquenses
Víctimas buscan ayuda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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Los atenquenses, en espera de justicia
Foto: Luis Humberto González
A unos días de que se cumplan dos años en los que no han obtenido justicia tras ser víctimas de “tortura sexual”, 11 de las 26 mujeres agredidas y violadas por elementos policiacos durante los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de que se haga justicia y se repare el daño.
En compañía de activistas de los centros por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), algunas de las denunciantes acudieron a la sede de la CIDH, en Washington, con el objetivo de que el órgano interamericano atraiga el caso y declare que el Estado mexicano violó, en su perjuicio, sus garantías fundamentales.
Además, demandaron que se recomiende a las autoridades mexicanas integrar una investigación seria, imparcial y eficaz, “donde se sancione a los responsables por tortura”.
El 4 de mayo de 2006, luego de las detenciones de cientos de personas por los hechos en Atenco, las mujeres fueron abusadas sexualmente por policías en el traslado hacia un penal en Toluca, estado de México, abusos acreditados por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Hasta ahora, 26 de 47 mujeres aprehendidas han denunciado haber sido víctimas de violencia sexual, incluidas varias extranjeras que fueron extraditadas.
En conferencia de prensa, Jacqueline Sáenz y Diana Martínez, abogadas del Centro Prodh, informaron que la presentación ante la CIDH –a la que acudieron entre otros Bárbara Italia Méndez, una de las agredidas, y Luis Arriaga, director de la organización– se da debido a que el Estado mexicano “no ha cumplido con sus obligaciones de investigar y sancionar a los responsables” de esos abusos.
A casi dos años de los hechos, dijo Sáenz, “es preocupante” que aún no existan resultados y las víctimas continúen a la espera de la atención y apoyo garantizados en la Constitución, por lo que “la impunidad ha prevalecido”.
Agregó que pese a las denuncias, no se han presentado investigaciones imparciales, no hay justicia para las agredidas, ningún policía ni mando superior ha sido consignado por los hechos, por lo que era una necesidad acudir ante la CIDH.
Las denunciantes son: Claudia Hernández, Edith Rosales, Norma Jiménez, Yolanda Muñoz, Ana María Velasco, Mariana Selvas –presentes en la conferencia–, Suhelen Gabriela Cuevas, Patricia Torres, Cristina Sánchez, Bárbara Italia Méndez y María Patricia Romero Hernández (aún presa), quienes en su petición exponen los antecedentes de los hechos y sus testimonios.
Agregan que se han vulnerado sus derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad personales, acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación, así como a la dignidad y privacidad.
Sáenz recordó que pese a que se han levantado denuncias ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, y en la Procuraduría General de Justicia del estado de México por los abusos, en el primer caso la fiscalía no ha consignado a los probables responsables, pese a que la ex titular, Alicia Elena Pérez Duarte, se comprometió a ello; mientras que la justicia mexiquense consignó a 21 policías, pero no por violación sexual, sino por abuso de autoridad y actos libidinosos.
Contrario a ello, aún siguen presas 16 personas detenidas por los hechos en Atenco, tres en el penal de máxima seguridad del Altiplano –incluido el líder del movimiento social, Ignacio del Valle– y el resto en el penal de Molino de Flores, Texcoco.