Entre San Nicolás y San Pedro
“Las elecciones no las ganan los electores, sino los patrocinadores”, dice Tom Hanks en el papel del senador Charles Wilson (La guerra de Charlie Wilson).
Es difícil que el guionista Aaron Sorkin haya sabido del IFE ni de cómo los patrocinadores de la campaña de Felipe Calderón impusieron sus condiciones e intereses en las elecciones de 2006. Pero es probable que haya tenido presente lo que significaron Enron y su presidente, Kenneth L. Lay, así como Halliburton y Richard Chenney, su anterior presidente y actual vicepresidente de Estados Unidos. Ambos apoyaron a los Bush, padre e hijo, en sus campañas electorales y obtuvieron de ellos privilegios y contratos ventajosos. Montañas de dólares.
Las elecciones se han convertido –sobre todo en México– en episodios peligrosos para la autonomía necesaria en el ejercicio del gobierno y aun para la integridad social y la soberanía nacional. Los ejemplos sobran.
San Pedro Garza García es, como se sabe, el municipio de mayor ingreso per cápita en el país. Gobernado sin interrupción por Acción Nacional desde hace dos décadas, allí residen los empresarios de mayor tamaño y la jerarquía de la clase política de Nuevo León.
Hasta hace unos 10 años San Pedro era ejemplo de policía, como antes se llamaba al orden social y urbano de la ciudad: servicios públicos excepcionales, salvo en algunos sectores deprimidos poco visibles; un nivel de seguridad pública casi envidiable, calles y áreas verdes amplias y bien cuidadas, clima de buena vecindad.
Pero ocurre que a esos vecinos habituales empezaron a sumarse otros con chequeras competitivas y dispuestos a comprar, además de casas y vehículos costosos, voluntades de la más diversa laya. A comprarlas o a eliminarlas en asesinatos cada vez más escandalosos: desde un alto funcionario de seguridad pública hasta un niño como el que murió acribillado hace unas semanas junto con su madre y el hombre que hacía las veces de su padrastro, un sujeto identificado como miembro de una de las bandas de narcotraficantes que operan en la región.
El supuesto asesino, otro gángster, aparecería muerto horas después con un mensaje pleno de ética profesional, que alguien coló a la prensa: “En este negocio se prohíbe matar mujeres y niños”. El negocio no es otro que el del narcotráfico y sus inversionistas, directivos, abogados, gerentes y personal de seguridad comparten con los empresarios y políticos tradicionales las mismas zonas residenciales del otrora tranquilo municipio de San Pedro.
Ignoro dónde vive el llamado zar de las casas de juego, pero no sería descabellado pensar que, si no reside en San Pedro, al menos debe poseer allí ciertos bienes raíces.
Pocos días antes del asesinato de la pareja y el niño en una de las calles emblemáticas de San Pedro (Vasconcelos) y a la luz del día, el alcalde de San Nicolás de los Garza, municipio donde tienen su sede las industrias y otras empresas de los hombres de negocios que habitan en San Pedro, estaba en vías de regresar, presionado por la opinión pública, el helicóptero que le facilitaba el zar de las casas de juego. Este mismo personaje y su familia son poseedores de varias empresas, entre ellas una dedicada a la publicidad. Ésta fue la responsable de elaborar la imagen política del actual presidente municipal de este municipio para su campaña política.
Los zares de las drogas, los casinos, los prostíbulos y otros giros negros tienen, por necesidad, puntos de intersección en sus actividades donde se potencian unas a otras. En su conjunto constituyen uno de los poderes fácticos que tornan la gestión pública en una gestión particular de sus negocios y de los que lo son con una cara menos sucia.
El zar de las casas de juego consiguió del actual gobierno municipal de San Nicolás de los Garza un permiso especial para construir un gran establecimiento de ese tipo en la cima de una atractiva colina. El alcalde de San Nicolás es miembro de Acción Nacional, partido en cuyas manos también, desde hace un par de décadas, se encuentra este municipio.
Vehementes defensores de la moral, la decencia, la urbanidad y los altos valores del espíritu, los panistas, paradójicamente, han sido en el área metropolitana de Monterrey los principales promotores de varios de los giros negros.
Las coyunturas más favorables para los empresarios de esos giros han sido, sin duda, las elecciones políticas. En casos tan conspicuos como los de los gobernadores de Quintana Roo, Morelos, Puebla, el dinero proveniente de zares y capos, aunados al sector empresarial más reaccionario (el aplastante) y corrupto ha servido para financiar las campañas correspondientes y, en el caso, para establecer compromisos políticos entre los patrocinadores y los candidatos y futuros gobernantes.
En la Iglesia católica, como ocurre en la película El crimen del padre Amaro, no ha faltado quien bendiga esos recursos, ya que también parte de ellos va a parar a sus tesorerías. Ramón Godínez Flores, obispo de Aguascalientes y anterior secretario general de la Conferencia General del Episcopado Mexicano (CEM) entre 1991 y 1998, no pestañeó al asegurar que la Iglesia católica no tiene la obligación de investigar el origen de los recursos que recibe vía limosnas. El dinero “se purifica”, dijo, si de lo que se trata es de ayudar. Otro obispo, Carlos Aguiar, presidente de la CEM, calificó de generosidad la actitud con la que los narcos lavan dinero a través de su Iglesia.
Narcolimosnas, narcofinanzas, narcoelecciones, narcopropaganda, narcofuncionarios encargados de combatir al narcotráfico; el bajacaliforniano de hace días es apenas un botón de muestra. Un narcopaís al que no le hace falta un Uribe para funcionar como una Narcocolombia. Y en el que gobernantes, partidos políticos, representantes populares, líderes de opinión, sindicales, empresariales y el elenco completo no exigen, como debieran exigir, que la entrega y la recepción del dinero destinado a campañas electorales fuera de ciertos marcos modestos sean penadas como el narcotráfico mismo.
Mientras esa exigencia no se convierta en política pública, rutina, cultura, México estará expuesto a cualquier atrocidad y a todo abuso impune de poder.