■ La Conferencia del Episcopado Mexicano y Diego Valadés aplauden la respuesta oficial
Impone el gobierno un monólogo al EPR, más que aceptar un diálogo, señalan ONG
La respuesta del gobierno federal a la solicitud de diálogo del Ejército Popular Revolucionario (EPR) “parece un no disfrazado de sí” debido a las condiciones que formuló el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, coincidieron defensores de derechos humanos y representantes de los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia; en tanto que el constitucionalista Diego Valadés y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aplaudieron la postura oficial, pues, adujeron, el diálogo es la “única vía para conseguir gobernabilidad”.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, consideró que la respuesta federal, más que aceptar un diálogo, “impone un monólogo, por las condiciones desmedidas expuestas” por Mouriño, cuyo único fin es “la desaparición y rendición de ese grupo político-militar”.
Señaló que en caso de darse un diálogo directo entre las partes, y no a través de intermediarios, como propuso el EPR, existe el riesgo de que los eperristas sean aprehendidos. El gobierno calderonista “demuestra que no hay un deseo de diálogo ni de atender el problema de origen: la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –cuyo paradero se desconoce desde hace más de 11 meses–, que es una demanda de derechos humanos y (su desaparición es) un delito de lesa humanidad”.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, consideró que con la respuesta de Gobernación “resulta casi imposible que se dé cualquier encuentro; más bien la respuesta oficial parece querer impedirlo. Es una forma de encubrir un no; en ese sentido, hay que demandarle al gobierno una actitud muy clara”.
Destacó que las condiciones y las reglas para el diálogo tienen que ser resultado de las dos partes interesadas e involucradas.
Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo: “debe haber apertura del gobierno y responsabilidad para intentar explorar una posibilidad de diálogo con el EPR, pero la respuesta de la SG, en el fondo, parece no querer que se dé ese diálogo”.
El diputado federal por Convergencia Alberto Esteva calificó de “falta de oficio y capacidad” las condiciones expuestas por Mouriño, ya que el EPR no aceptará un diálogo directo, porque “lo primero que van a hacer es lincharlos, identificarlos y desaparecerlos”. Criticó que el gobierno de Calderón sólo acepte como “testigos sociales”, no intermediarios, a los personajes propuestos por el grupo.
Ricardo Cantú, del PT, advirtió que la respuesta gubernamental no ayuda mucho para la concreción del diálogo. Criticó el rechazo a la figura de intermediarios, la cual ya ha demostrado su efecto benéfico en otros momentos, en especial cuando se dio el conflicto armado con el EZLN. Aunque calificó de positiva la disposición que mostró el gobierno, “es evidente que le falta experiencia en estos asuntos, porque de otra manera su respuesta habría sido distinta, sin condiciones que pudieran generar una respuesta negativa del EPR”, dijo.
Diego Valadés, investigador de la UNAM, aplaudió la disposición del gobierno calderonista de sentarse a dialogar con el EPR, pues, aseveró, es la única vía para conseguir la gobernabilidad y eliminar las expresiones de violencia. Sin embargo, indicó, el gobierno debe asumir una actitud responsable y seria a fin de no perpetuar las posiciones radicales que no permiten llegar nunca a asuntos conciliatorios.
En tanto, la CEM consideró “positiva” la respuesta federal. “Los mexicanos debemos privilegiar el diálogo entre los diversos sectores de la nación para que nuestros esfuerzos contribuyan al bienestar de todo el pueblo y no a la división y al enfrentamiento”, expresó.