■ Votaron en contra 27 legisladores del PAN
Aprueban diputados la ley de fomento para la lectura
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, incluyendo una fe de erratas, la minuta enviada por el Senado sobre la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Durante la votación, 27 legisladores del PAN se inconformaron con Héctor Larios, por no haber informado el contenido del dictamen y, por tanto, votaron en contra.
En la discusión, Alfonso Suárez del Real, del PRD, propuso la dispensa de la segunda lectura de la minuta, “toda vez que ésta, que no es una reforma constitucional, estriba fundamentalmente en observaciones hechas por el Ejecutivo en 2006 que han sido subsanadas por el Senado”.
La adición, propuesta por la Comisión de Cultura que encabeza Emilio Ulloa Pérez, se incorporó al artículo 26 del dictamen.
El documento estipulaba: “Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público mencionado en el artículo 22 de la presente ley cuando se trate de libros editados o importados con 18 meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales”.
Y la propuesta de fe de erratas cambió el texto así: “Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público mencionado en el artículo 22 de la presente ley cuando se trate de libros editados o importados con más de 18 meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales”.
De tal forma, el pleno aprobó con 314 votos en favor, 32 en contra y ocho abstenciones la minuta que contempla que toda persona física o moral que edite o importe libros estará obligada a fijar un precio de venta al público, el cual regirá como precio único en todo el país. También propiciará políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura; propiciará la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas.
A esto se suma que ninguna autoridad federal, estatal, municipal o del DF podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y publicaciones periódicas.