Chimalhuacán: exigen más apoyos federales
Chimalhuacán, Méx., 2 de mayo. Más de mil personas, entre consejeros de participación ciudadana, integrantes de círculos ciudadanos de seguridad pública y vecinos de esta localidad, marcharon a la ciudad de México para demandar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, más recursos del Subsidio de Seguridad para los Municipios (Subsemun).
Encabezados por el alcalde priísta Marco Antonio Lázaro Cano, los inconformes partieron desde distintos puntos de este municipio rumbo al Ángel de la Independencia y de ahí marcharon hasta las oficinas de Campa Cifrián, quien no se encontraba, por lo que atendió por teléfono a las autoridades locales.
El edil consideró injusto que Chimalhuacán sólo reciba 9 millones de pesos del Subsemun para el ejercicio 2007, cuando “es el municipio urbano más marginado del país, en el que, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social federal, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza patrimonial”. Dijo que junto con el hacinamiento, la falta de infraestructura urbana y de empleo forman un campo propicio para la violencia, la desintegración familiar y la delincuencia.
Chimalhuacán, expuso, tiene una población mayor a la de estados como Tlaxcala y Colima; se le asignó la cantidad de 9 millones, cuando “para satisfacer los requerimientos en materia de seguridad son necesarios más de 36 millones de pesos”.
Durante el plantón ante las oficinas del secretario ejecutivo se entregó un escrito de protesta y se le hizo llegar un proyecto de seguridad integral y equipamiento para el municipio con el propósito de obtener apoyo de la Federación.
El funcionario federal se comprometió con el alcalde Lázaro Cano a encabezar un recorrido, el próximo viernes a las 11 horas, por las colonias más conflictivas de Chimalhuacán.
Chalco: suspenden a 12 policías
Doce policías vecinales de Chalco fueron suspendidos y se les sigue un proceso administrativo luego que el ayuntamiento perredista detectó que no cumplían con sus funciones, según informó el contralor Roberto Curiel.
David Aragón Vite, delegado de la colonia Fraternidad Antorchista y el dirigente local de la organización priísta Antorcha Popular, Antonio Hernández Soto, denunciaron que “se trata de una estrategia del gobierno por debilitar al movimiento antorchista, pues casualmente los policías despedidos vigilaban las colonias con influencia de la organización”.