Editorial
Crisis alimentaria y vulnerabilidad nacional
De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el alza sostenida en los precios internacionales de los productos alimentarios ha significado para la economía mexicana en el último año un costo de 12 mil 898 millones de dólares por concepto de la compra en el exterior de 127 alimentos e insumos agropecuarios, entre los que destacan maíz, trigo, soya, leche en polvo y semillas para la siembra. Para poner el dato en perspectiva, debe mencionarse que la cifra representa un aumento del orden de 5 mil millones de dólares con respecto a 2005 –año que el propio BdeM toma como referencia, por ser el último en el que se tuvieron precios estables–, incremento que supera las ganancias obtenidas por concepto del excedente en las ventas de petróleo en el exterior durante el año pasado, que fue de 4 mil 452 millones de dólares.
Esa alza de los precios ha despertado la inquietud de muchos gobiernos e incluso de organismos internacionales como la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha advertido que la situación representa ya una emergencia que afecta a millones de personas en el mundo, por cuanto el derecho fundamental a la alimentación se encuentra bajo seria amenaza.
En el caso de México, las exigencias del libre mercado han llevado a los sucesivos gobiernos a adoptar políticas agrarias erráticas, basadas en un modelo de ventajas comparativas que ha evidenciado ya sus deficiencias estructurales. La adopción de tal modelo ha ido a contrapelo de la soberanía alimentaria, ha hecho a nuestro país dependiente de las importaciones de diversos productos y lo ha afectado en términos económicos, como lo muestran los datos referidos. Al mismo tiempo, se percibe una alta vulnerabilidad ante la escasez provocada por las presiones especulativas de las grandes empresas agroexportadoras y los intermediarios, pero también ante circunstancias como la actual, en que influyen factores climatológicos como las sequías, reducciones en los inventarios, altos precios de los hidrocarburos y una demanda creciente de materias primas como el maíz para producir biocombustibles.
Al mismo tiempo, quedan en entredicho las supuestas ventajas que supondría para México, y en particular para el sector agrícola nacional, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): al día de hoy ese acuerdo trilateral ha contribuido a acelerar el abandono de los entornos rurales, a ahondar la pobreza de miles de campesinos y a profundizar la dependencia del país con respecto a los productos agrícolas que se producen en el extranjero. Con ello, se ha colocado a la población en una situación de riesgo que hoy está dando muestras de su magnitud, y que en los meses siguientes pudiera profundizarse con más incrementos a los precios de los alimentos y el desabasto de los mismos. Como ocurre siempre en estos casos, quienes más resienten estas situaciones son los pobres, que destinan proporciones muy altas de sus ingresos a la compra de productos alimenticios.
En suma, queda de manifiesto la necesidad de un viraje a una política agrícola de soberanía, que se base en la producción nacional de los alimentos que necesitan los mexicanos, a fin de que México y sus habitantes dejen de depender de las importaciones. No actuar en ese sentido implicaría condenar al país a un destino que, desde ya, se muestra desolador.