■ La senadora responde al veto a su participación en diálogo con el EPR

En el fondo, el gobierno no quiere hablar de los desaparecidos: Ibarra

■ Ofrece retirarse del grupo de mediación para no dificultar el proceso

Blanche Petrich

Ante el veto del gobierno federal a la presencia de la senadora Rosario Ibarra en el grupo de mediación que propuso el Ejército Popular Revolucionario (EPR), hasta el momento manifestado en forma extraoficial, la legisladora expresó: “no quiero, de ninguna manera, ser un estorbo. Si mi participación implica dificultar el diálogo, me hago a un lado”.

No obstante, dijo que “antes debo tomar en cuenta la opinión de mis compañeros del grupo, por respeto. Ellos, todos gente muy seria y comprometida (Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas), fueron muy claros en considerar inaceptable el veto” en la reunión sostenida el jueves pasado.

La también presidenta de Eureka, organización que ha encabezado históricamente la lucha por la aparición con vida de los secuestrados-desaparecidos, respondió al argumento que esgrimieron fuentes de la Secretaría de Gobernación consultadas por la reportera Fabiola Martínez (2 mayo 2008), en el sentido de que la participación de la senadora del PRD podría representar un conflicto entre las fuerzas políticas.

“En primer lugar –dijo a La Jornada–, nunca he pertenecido a ningún partido; ni al Partido Revolucionario del Trabajo, al que representé como candidata a la Presidencia, ni al PRD. Reconozco también que, ante el asunto de los desaparecidos, yo no puedo ser imparcial. Este es, sin matices, un crimen de Estado. Y el gobierno sabe muy bien que mientras me quede un hálito de vida no dejaré de luchar por ellos. Porque yo sé lo que es que te arranquen de esa manera a un ser querido. Lo que creo es que el gobierno no me quiere en el grupo porque en el fondo no quiere discutir del tema de las desapariciones.”

La defensora de derechos humanos recordó que, aunque Gobernación no lo reconoce, lo que motivó la propuesta de una mesa de negociación con una instancia mediadora fue determinar el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, los dos líderes del EPR. El primer paso del grupo armado en este sentido fue su comunicado del 24 de abril, fechado en Querétaro. La propuesta incluía al Frente Nacional contra la Represión (FNCR), pero no consideraba a la senadora Ibarra de Piedra.

También en entrevista, Enrique González Ruiz explicó que el FNCR decidió nombrarlo a él, a Juan de Dios Hernández y a Rosario Ibarra como representantes del frente. “Fue un debate a fondo. Hubo reservas, por considerar que la posición de Felipe Calderón es poco confiable y por temor de ser utilizados para legitimarlo. Pero decidimos correr el riesgo, si con nuestra participación logramos avanzar en la solución del problema de los desaparecidos. También consideramos la advertencia del EPR del 22 de abril, respecto a que estaba en alerta y que continuaría su campaña de acciones armadas para lograr la aparición con vida de sus compañeros. Pensamos que había que buscar todos los caminos para que no se dieran acciones violentas”. Expresó que si su presencia es un obstáculo para que la negociación llegue a buen puerto, “me hago a un lado”.

De todas maneras, el papel del grupo mediador aún es muy incierto, ya que en un comunicado del 29 de abril, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se pronunció por un rol de “testigos sociales”, mismo que fue rechazado por los mediadores.

Históricamente, la relación de las organizaciones precursoras del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario con Rosario Ibarra y Eureka han sido distantes y tensas. En los 70, el Procup –una de las organizaciones troncales de lo que hoy es el EPR– formó un frente de defensa de las víctimas de la represión en la época alterna al primer FNCR que formó la dirigente de Eureka. Ayer, sin embargo, Rosario Ibarra recibió un aval del grupo Tendencia Revolucionaria-Ejército del Pueblo (una vieja escisión del PDRP-EPR).