Polémica por la excarcelación del Chapito
El caso de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien hace un mes fue excarcelado del penal de máxima seguridad del Altiplano, provocó el enfrentamiento entre dos juzgadores del Poder Judicial Federal (PJF) que conocieron del tema.
Fuentes judiciales de primer nivel revelaron que la juez de procesos penales Silvia Carrasco, quien juzgó en primera instancia a El Chapito y lo sentenció a cinco años de prisión, interpuso una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –órgano encargado de la administración y disciplina de los juzgadores– para que sea sancionado el magistrado del tribunal unitario Jesús Guadalupe Luna Altamirano.
La juez aseguró por escrito que el magistrado lanzó en su contra “señalamientos calumniosos” que carecen de sustento y que supuestamente ponen en peligro la vida de la impartidora de justicia, ya que durante una conferencia de prensa efectuada el pasado 10 de abril, Luna Altamirano aseguró que ella mantuvo en prisión a El Chapito valiéndose de “apreciaciones subjetivas”.
Según las fuentes consultadas, la juez ha comentado entre sus compañeros juzgadores que teme por su vida, ya que después de lo dicho por Luna Altamirano –su superior jerárquico– algún miembro del crimen organizado podría atentar contra su vida.
Durante el encuentro con los representantes de los medios de comunicación hace un mes, en el que Luna Altamirano dio a conocer que había ordenado la inmediata libertad de Iván Archivaldo, el magistrado titular del tercer tribunal unitario lanzó fuertes críticas a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la juez primera de distrito de procesos penales con sede en el Reclusorio Norte, Silvia Carrasco.
El magistrado del tribunal unitario aseguró que la PGR fundó su acusación contra Archivaldo en el parentesco del inculpado con su padre, a quien la autoridad ministerial considera un narcotraficante sin que lo haya podido demostrar por la vía judicial.
Según Luna Altamirano, sostener ese criterio es contrario a todo derecho y aplicarlo sería como afirmar que cualquier pariente de un delincuente, por el simple hecho de serlo, también es criminal.