México SA

Carlos Fernández-Vega
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■ Germán Martínez, descalificador de opositores

■ Rotundo no a la privatización del petróleo

Flaco favor le hace al país un partido político que en nada cuestiona al gobierno, que lo “apoya sin reservas” –excesos, resbalones y desvaríos incluidos–, que se presume acrítico y agachado al “mando supremo”, y que, en pocas palabras, “propone un futuro para el país” con base en el más negro pasado de la historia mexicana.

Lo anterior resume lo que Germán Martínez fue a decir al Senado de la República, en el arranque del debate sobre las “reforma” petrolera, a donde fue a descalificar a los opositores y no a convencerlos de las “bondades” que ofrece la vergonzante propuesta privatizadora de su patrón, el inquilino de Los Pinos.

El ex becario de la Secretaría de la Función Pública fue a Xicoténcatl a calificar de “nacionalistas falsarios” a los que se oponen a la “reforma” calderonista, dicho lo cual, como cada que abre la boca, el presidente panista escucha el coro: “no me ayudes compadre”. Germán Martínez, el Manuel Espino de la “continuidad”, mete la pata cada que puede, y puede seguido, como ayer, en el arranque del foro de debate petrolero, porque si algún “falsario” (iniciativa petrolera incluida) está a la vista de todos ese es su patrón, quien obviamente intenta “conseguir fines políticos propios” (GM dixit).

La primera coincidencia entre la mayoría de los ponentes en esta primera ronda fue un rotundo no a la violación constitucional a favor del capital privado (“teólogos del petróleo”, les llamó Germancito); en sentido contrario, sólo el dirigente partidista que es feliz siendo acrítico y agachón, más un académico que a veces labora de diplomático, quienes disfrazaron de “futuro para el país” la intentona calderonista (un niño verde balbuceó por allí sus clásicos disparates y “conmemoró” los “80 años de la expropiación” petrolera 10 años atrás).

Los demás, con sus matices, dijeron no a la privatización y a la modificación constitucional. David Ibarra Muñoz se manifestó por un rotundo no a la privatización, así sea “hormiga”, de la industria petrolera; Cuauhtémoc Cárdenas por un no a iniciativas como la de Calderón, “que permite violar la Constitución”, amén de presentar una “visión falaz, pretendidamente catastrófica” de la paraestatal; Lorenzo Meyer por un Pemex para los mexicanos y Beatriz Paredes, presidenta del PRI, por la imposibilidad de que su partido se pronuncie a favor de “la participación –abierta o encubierta– de capital privado en sectores básicos”, aunque todo indica que el término preciso es “en sectores estratégicos”, constitucionalmente amparados.

Y precisamente esa es la primera intención de la “reforma” calderonista: “trasladar” al sector petrolero nacional, sin cambios constitucionales, del sector estratégico al prioritario, como un primer paso para su privatización total. Es el mismo truco que aplicaron para los ferrocarriles, los satélites, la petroquímica “secundaria”, la banca y tantos otros sectores hoy privatizados íntegramente.

Como recientemente lo comentamos en este espacio, la Constitución no deja lugar a duda sobre la diferencia entre áreas estratégicas y prioritarias: en las primeras la participación del Estado es exclusiva (como en la petrolera), mientras que en las segundas es legal la presencia del capital privado y el llamado sector social. Desde hace 25 años el camino más fácil, que no legal, para que unas se conviertan en otras ha sido la “reclasificación” y las modificaciones a leyes secundarias, como Calderón lo ratifica en su iniciativa de “reforma”.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM puntualiza la diferencia. Areas estratégicas: conjunto de actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que exclusivamente realiza el gobierno federal a través de organismos públicos descentralizados, y unidades de la administración pública; áreas prioritarias: conjunto de actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que el gobierno federal, mediante las empresas públicas, realiza por sí o en concurrencia con los sectores social y privado, a fin de impulsarlas y organizarlas con antelación a otras, por razones circunstanciales e imperativos de interés general, proveyendo de esta forma al desarrollo nacional. Las razones de fondo que marcan la diferencia son: las estratégicas se basan en imperativos de seguridad nacional, interés general y beneficio social básico para el desarrollo nacional; las prioritarias, en cuestiones circunstanciales y el imperativo de interés general, proveyendo al desarrollo nacional.

Los privatizadores pretenden que no existe diferencia alguna entre las áreas estratégicas y las prioritarias; muchos, felizmente, conocen y ponderan la diferencia. La intención, pues, es privatizar “reclasificando” a la industria petrolera nacional.

Y mientras unos debatían sobre la “reforma” petrolera, una palomita adicional a las “manos limpias”: la supuesta comisión legislativa que supuestamente “investigó” los muy reales cuan suculentos contratos de Juan Camilo Mouriño con Pemex-Refinación (misteriosamente “desaparecidos” del Portal de Obligaciones de Transparencia de Petróleos Mexicanos), confirmó la “exoneración” del empresario-funcionario. Los falsarios, diría, Germancito.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría y el tenebroso régimen de pensiones: “mi esposa trabajó hasta diciembre de 2000; acaba de cumplir 50 años y vemos con terror que su ahorro en la Afore se va haciendo más pequeño por las comisiones que cobran. ¿Habrá algún tipo de amparo para poder retirar su dinero? Creo que con la edad que tiene, ninguna empresa la emplearía, además que ella ya no lo desea” (Joaquín Hernández, [email protected])... Y de los trabajadores mineros, que mandaron muy lejos al Congreso del Trabajo, organismo al que renunciaron “como resultado de su falta de interés, atención y solidaridad mostrada ante el conflicto que cumplió ya dos años, y su indiferencia hacia la agresión que con ese motivo sufre nuestro sindicato”.