Los recursos de la confusión
De un modo u otro, el debate sobre la reforma petrolera ha girado alrededor de los recursos. ¿Se dispone, en un horizonte de largo plazo, de los recursos físicos, es decir, de las reservas de hidrocarburos que sustenten una sólida industria petrolera? ¿Existe disponibilidad de recursos financieros para cubrir inversiones, mantenimiento, seguridad, obligaciones laborales y otras demandas? ¿Se cuenta con recursos de gestión en términos de capacidad para definir e instrumentar los proyectos que la operación de la industria reclama? ¿Qué problemas plantean los recursos laborales y la organización sindical que los agrupa? ¿Existen o puede echarse mano de tecnologías cruciales para asegurar el desarrollo de largo plazo de la industria? Aludo sólo a la disponibilidad de recursos físicos y financieros, en un intento de responder a las preguntas acerca de su disponibilidad, sin emplear, como en forma deliberada se ha hecho en buena parte de los documentos y los planteamientos oficiales, los recursos de la confusión.
Recursos físicos. ¿Alguien conoce el monto de las reservas nacionales de hidrocarburos? La pregunta no es retórica. Si se atiende a lo expresado por voces oficiales en los últimos años y, sobre todo, a partir de la expedición del diagnóstico, el primero que lo ignora es el (des)gobierno de la República. En tono sombrío, el diagnóstico del 30 de marzo limita las reservas probadas, al cierre de 2007, a 14 mil 700 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe) y su cobertura a 9.2 años; las totales las sitúa en 44.5 mbpe. Agrega un dato alarmante: más de cuatro quintas partes (82 por ciento) de las reservas probadas –afirma– “se encuentran en campos en franca declinación o cerca de alcanzar su punto inicial de declinación”. Agrega que el aprovechamiento de los nuevos campos será más riesgoso, más difícil, más costoso y menos productivo. En todos los casos utiliza superlativos.
Pero ahora, al iniciarse el debate formal sobre la reforma, se ha hablado de la “cuarta P” de las reservas: las prospectivas. En la mayor parte de la literatura referida a reservas han dejado de tomarse en serio y de cuantificarse este tipo de “reservas”, que corresponden sobre todo al reino de la fantasía. Sin embargo, el concepto ha sido rescatado con energía por la secretaria de Energía, temerosa quizá de que el panorama sombrío desalentase a las empresas privadas extranjeras que se desea que “acompañen” a Pemex en las actividades de exploración y desarrollo de campos que, por cierto, la Constitución reserva al Estado de manera exclusiva. La funcionaria, hablando el pasado 8 de mayo ante el Senado de la República, se refirió a un volumen total de disponibilidad nacional de hidrocarburos, incluyendo lo que denomina recursos prospectivos, de más 100 mil mbpe, y concluye, recuperando el tono triunfalista: “entonces México sí cuenta con recursos”. Supone que todos debemos aceptar esa extracción, del sombrero del mago, de por lo menos 55.5 mbpe.
Recursos financieros. La cuestión de la disponibilidad de recursos financieros en o para la industria petrolera en México ha sido quizá la más intensamente debatida. David Ibarra ha hecho notar que, desde que Pemex quedó incluido en el presupuesto de la nación, en sentido estricto carece de recursos propios: los ingresos que obtiene de su actividad son recursos de la Federación y los que recibe para su desempeño son los que la Federación le transfiere, a través del presupuesto aprobado por los diputados. Mientras esta situación no cambie –y no va a cambiar en tanto no se adopte la decisión política de realizar una reforma impositiva en serio, que incluya impuestos progresivos sobre el ingreso y el patrimonio–, la disponibilidad de recursos financieros para la industria petrolera no dependerá del desempeño de ésta sino del manejo global de las finanzas públicas. Éstas, como se sabe, se han vuelto adictas a los recursos provenientes de la explotación y, en especial, de la exportación del petróleo, de los que provienen más de dos quintos de sus ingresos totales.
Sin embargo, no es inimaginable diseñar un régimen financiero que garantice la viabilidad financiera de Pemex y su desarrollo. En el diagnóstico se señala que en 2007 la renta petrolera obtenida por Pemex –definida como la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de mercado internacional, menos los costos de extracción eficientes– ascendió a 509 mil millones de pesos, al tiempo que, en el mismo año, el total de impuestos, derechos y aprovechamientos pagados por la empresa llegó a 676 mil millones de pesos. Adviértase que la extracción de recursos financieros supera a la renta petrolera en cerca de 39 por ciento, es decir en 167 mil millones de pesos. Este expolio, que el diagnóstico no subraya lo suficiente, se encuentra en el origen de la mayor parte de los problemas que enfrenta la industria petrolera mexicana.
Lo usual, en cuanto a la imposición a la industria petrolera, es que, a título de regalías, el gobierno retenga una porción sustancial de la renta petrolera, por lo general alrededor de 70 por ciento. Este porcentaje puede variar en función de las condiciones de operación del productor y de las del mercado mundial de petróleo. Una vez pagadas las regalías, las utilidades o excedentes de operación del organismo o empresa de que se trate quedan sujetas al régimen impositivo general aplicable al ingreso de las empresas. Un régimen fiscal de este tipo preservaría márgenes financieros amplios para solventar el funcionamiento y la expansión de la industria.
Es claro, por tanto, que la industria petrolera mexicana dispone –por el momento, con amplitud– de recursos financieros más que suficientes para sus finalidades propias. No dispone y nunca dispondrá de recursos financieros suficientes para solventar casi la mitad de las necesidades de financiamiento del gasto del conjunto del gobierno federal y, vía transferencias, de proporciones aún mayores del gasto de las entidades federativas. Lo que hay que corregir son las finanzas públicas, no las petroleras.