Navegaciones
■ Dureza contra los que viajan
■ Janaina, Marta Silvana y Yoani
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Duro contra los que viajan
Janaina Agostinho, brasileña, 27 años, viajó a España a mediados de marzo para visitar a su novio y pasear por Madrid, Granada y Almería. Llegó al aeropuerto de Barajas con su pasaporte en regla, 500 euros en efectivo, seguro de viaje, boleto de regreso y reservaciones de hotel pagadas para 21 días. La policía consideró que la mujer no reunía “el requisito de presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista que la legislación vigente exige para que pueda autorizársele la entrada”, y la mantuvo presa durante seis días en una sala de la terminal aérea. El plazo máximo para esa clase de detenciones es de 72 horas, pero los gendarmes decretaron que la sudamericana debía ser deportada a su país a bordo de un avión de la misma línea aérea en la que hizo el viaje de ida, Air Comet, que vuela sólo una vez a la semana. Más tarde, el Ministerio del Interior argumentó que el problema era que Janaina no llevaba una “carta de invitación” que debe extender ante la policía un ciudadano español.
En la página web del Ministerio del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, titular del despacho, sonríe con cara de buena persona. Realizo una consulta de rutina al sitio para comprobar los requisitos de internación y encuentro un listado de países de origen. Veo de pasada un “Méjico” de ortografía franquista y compruebo que los brasileños “pueden entrar en España sin visado, con alguno de los documentos mencionados”, es decir, “pasaporte ordinario, en vigor”, o bien “pasaporte diplomático, oficial o de servicio, en vigor”. En el sitio del Ministerio de Turismo, en el apartado “qué documentación necesita para viajar a España”, se afirma que los ciudadanos de Brasil (en ese otro listado México está bien escrito) “necesitan presentar el pasaporte en vigor, que les permitirá permanecer en España por un periodo máximo de 90 días”. Punto. No es fácil encontrar en ninguna de esas páginas el requisito que no cumplió Janaina Agostinho, la “invitación de un particular”. Pero, después de mucho hurgar, encontré, en la letra chiquita del Ministerio del Interior, que “para los viajes de carácter turístico o privado”, y “sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba o comprobación que puedan realizar los funcionarios responsables del control para justificar o establecer la verosimilitud de los motivos de entrada invocados, podrá exigirse, en concreto, uno o varios de los documentos siguientes”: “documento justificativo del establecimiento de hospedaje, confirmación de la reserva de un viaje organizado, billete de vuelta o de circuito turístico e invitación de un particular”. Toda una emboscada.
Hace cosa de un año, los medios dieron cuenta de otra historia de pesadilla vivida en Barajas por una turista mexicana. Otra ciudadana brasileña corrió con mejor suerte que Janaina. Marta Silvana D.S.R. reside en Alcalá de Henares con su hija de 25 años, también estudiante, y estaba por culminar un doctorado en la Complutense. Como se encontraba en calidad de turista, su pasaporte estaba a punto de caducar y la convalidación de su diploma se demoraba, el 22 de abril viajó a Brasil con la intención de obtener un nuevo documento y de tramitar una visa de estudiante de la representación española allá. Le negaron esa calidad migratoria, de modo que el 3 de mayo volvió a España como turista para recoger su constancia de estudios. Al llegar a Barajas fue detenida. Al tercer día de cautiverio, la extranjera presentó un recurso de habeas corpus ante el juez José Santiago Torres, quien decretó su liberación inmediata y dictaminó, además, que en la “sala de inadmitidos” del aeropuerto castellano “no existe la más mínima constancia de que reúna los requisitos necesarios de estar dotada de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios para la adecuada permanencia”. La académica reportó que durante su detención fue sujeta a un trato humillante por sus captores, quienes le decían: “¿De qué te quejas? En tu país la gente se muere de hambre, y aquí tú tienes comida”.
Según Turismo, en el primer trimestre de este año el gasto total de los extranjeros en España creció 8.9 por ciento, para totalizar 3 mil 684 millones de euros. Tal vez si las autoridades no tuvieran esa cifra en mente serían más frecuentes los atropellos policiales contra los viajeros documentados procedentes de Latinoamérica. Todavía hay clases, y las cosas son mucho peores para los africanos que llegan sin papeles y a bordo de balsas a las costas españolas. La semana pasada Pérez Rubalcaba, sin esperar la aprobación de una directiva europea para la repatriación de esos migrantes, anunció que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aumentaría hasta seis meses, “ampliables a 18 en casos excepcionales”, el cautiverio a indocumentados, que hasta entonces tenían un máximo de 40 días. El funcionario tuvo la cara dura para afirmar que “en España nadie va a perder derechos”, ni siquiera el de sufrir “retención” o “internamiento”, como le llaman a la cárcel en estos casos. La organización SOS Racismo advirtió que la medida “permite ampliar la privación de la libertad de personas que no han cometido ningún delito”.
Las cosas siempre pueden ser peores. En Italia, Silvio Berlusconi, de vuelta en el poder, pretendía criminalizar por decreto la migración indocumentada y suspender temporalmente la aplicación del Tratado de Schengen a fin de expulsar del territorio italiano a miles de gitanos europeos. Para tal fin, el mamarracho mafioso que ejerce de primer ministro ha ordenado a sus colaboradores el levantamiento de un mapa nacional de los campamentos romaníes, a fin de proceder a una deportación en masa. En México el Congreso de la Unión hizo lo contrario que Berlusconi y dejó en mera falta administrativa el ingreso sin papeles a territorio nacional, pero algunos dudan que la medida se traduzca, en la práctica, en una atenuación del trato atroz a los migrantes centro y sudamericanos. La semana pasada, en Oaxaca, la directora del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, no tuvo más remedio que escuchar al salvadoreño Pedro Alberto Funes Tovar, capturado por agentes de esa dependencia, quien le espetó: “¿Es necesario que nos golpeen para hacernos sentir que somos basura en este país? ¿Es necesario que nos persigan a palos y tiros? Yo creo que tenemos dignidad y no merecemos ese trato, porque lo único que hacemos es buscar un trabajo honrado en Estados Unidos”.
A principios de abril, el madrileño El País otorgó sendos premios Ortega y Gasset de Periodismo a nuestra compañera Sanjuana Martínez, a la revista mexicana Zeta, al fotoperiodista Gervasio Sánchez y a la filóloga cubana Yoani Sánchez, por su blog Generación Y, una página de reflexiones frescas, cotidianas, serenas y disidentes que ha sumado millones de visitas de todo el mundo. A lo largo de un mes, Yoani estuvo haciendo gestiones para que las autoridades de su país le permitieran viajar a Madrid a la ceremonia de entrega de los galardones, que se realizó el 7 de mayo. El viernes 2 posteó: “La autorización para volar mañana sábado 3 de mayo –día de la libertad de prensa– está ‘detenida’ por una misteriosa Jefatura de Inmigración y Extranjería que no me da explicaciones. Para esa poderosa institución sigo siendo un lactante al que no se le dice que le van a poner una inyección”. El permiso no llegó nunca y Yoani hubo de asistir por teléfono, desde La Habana, a la entrega de su premio. En el blog de Navegaciones hallarán un link a la nota sobre Yoani que escribió Laura García Freyre y vínculos a las otras fuentes.
El régimen de Raúl Castro no le concedió a la bloguera la ignominiosa autorización que requieren los ciudadanos cubanos para salir del país, y nunca sabremos si el régimen de Rodríguez Zapatero le hubiese permitido a Yoani salir del aeropuerto de Barajas para recoger su premio. Entre los opresores de La Habana y los racistas de Madrid, estamos jodidos.