■ La iniciativa de Calderón “no es privatizadora”, afirman rector y ex rector del ITAM

Cambiar la Constitución para abrir Pemex, exigen académicos de la IP

■ Pensar lo que conviene al país, pide Aguilar Camín; reformar sin ideologías, plantea Luis Rubio

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

El rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Arturo Fernández; el ex rector de la misma casa de estudios Javier Beristáin, el investigador Luis Rubio y el escritor Héctor Aguilar Camín afirmaron ayer en la Cámara de Senadores que la iniciativa de reforma petrolera de Felipe Calderón “no es privatizadora” y defendieron la participación del capital privado en Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, se pronunciaron por reformar la Constitución.

Durante su intervención en el foro Los principios que deberían regir la reforma energética, Aguilar Camín pidió a los legisladores “pensar esta reforma libremente, sin supuestas ataduras constitucionales que en realidad no atan a nadie. Se trata de pensar libremente lo que le conviene al país, y hacer luego los cambios legales que hayan de hacerse, incluyendo, si hacen falta, cambios constitucionales”.

Refirió que la “mitología nacionalista” ha tomado en estos días la doble forma de un “apasionado constitucionalismo y un rechazo a la privatización. No sé cuánta energía se haya ido en pactar que la reforma petrolera no tocaría la Constitución y en evitar a toda costa, en la redacción de la iniciativa, las satánicas palabras ‘contratos de riesgo’, tan violatorios de la Constitución”.

De hecho, aseveró, es alegable que no sólo los contratos de riesgo “sino todos los contratos otorgados por la nación en materia petrolera son inconstitucionales, pues violan lo dispuesto a la letra por el artículo 27 de la Constitución”. La iniciativa que se discute no privatiza Pemex, asunto distinto es que haya inversión privada en la industria petrolera.

Aguilar Camín propuso “hacer de Pemex una empresa transparente; se necesita un ente regulador autónomo, que en verdad regule y tenga autonomía; actualización de leyes y reglamentos; un consejo de administración con consejeros independientes, no empleados del gobierno ni contratistas de Pemex; rendición de cuentas periódicas”.

En tanto, el rector del ITAM, Arturo Fernández, sostuvo: “ningún elemento de la iniciativa –de reforma a Pemex– contiene medidas de privatización, entendida ésta como la transferencia de activos o sociedades a la esfera privada”, y se pronunció en favor de modificar la Constitución para permitir la participación de los particulares en las actividades de refinación, petroquímica, transporte y distribución, con el debido régimen de libre concurrencia y competencia.

Advirtió que es urgente actualizar el marco regulatorio que norma la gestión de la industria petrolera. “De no hacerse a la brevedad, la nación no ejercerá debidamente la soberanía sobre el petróleo, porque de continuar las tendencias recientes la renta petrolera se disipará y menguará”.

Fernández subrayó que la soberanía de México “sobre los hidrocarburos se ejerce a plenitud cuando el Estado consigue apropiarse del total de la ‘renta petrolera’, independientemente de quién y cómo se organiza a la industria, y mientras dichos arreglos institucionales no impidan o menoscaben su efectiva apropiación”.

A su vez, Javier Beristáin, ex rector del ITAM y actual director de la Afore Siglo XXI, señaló que la reforma petrolera es ineludible porque el petróleo ha dejado de cumplir con los principios de contribución al crecimiento de la economía, la redistribución y el desarrollo sustentable.

Detalló que hay una creciente incapacidad del petróleo para actuar como motor del crecimiento y multiplicador de empleos e inversiones; una renta estancada o decreciente reduce los recursos del presupuesto del gobierno federal y de los estados para el gasto social y la inversión pública, y para elevar el potencial de desarrollo se requiere una contribución significativa del petróleo para la productividad general de la economía.

La solución económica “no es excluir al sector privado ni privatizar un recurso de la nación, sino equilibrar la eficiencia de los mercados competitivos con la potestad rectora del Estado y la propiedad inalienable de la nación sobre el petróleo”.

El investigador y ex funcionario bancario Luis Rubio recomendó que el nuevo marco normativo debe precisar la naturaleza de la integración que tendría la industria petrolera, así como el papel que tendrán las empresas privadas. “Sin embargo, este marco tiene que ser realista, pragmático y apropiado al entorno competitivo mundial, y no producto de concepciones políticas o ideológicas.”

Asimismo, señaló que la industria petrolera debe servir al desarrollo del país y no al revés; “por tanto, esa industria, sin perder su carácter de propiedad estatal, no tiene por qué limitarse a la entidad actual, Pemex; más bien, la organización que se adopte debe servir al desarrollo del país en forma de energéticos de calidad adecuada, cantidad requerida y precios internacionalmente competitivos”.

Indicó que su nuevo diseño debe fundamentarse en criterios de transparencia, rendición de cuentas y productividad. “El hecho de ser propiedad estatal no implica autorización para arrojar índices de productividad o eficiencia menores a los internacionales o tolerancia para la corrupción.”