■ Sin órdenes de captura, 50 policías irrumpen en casas de los afectados, quienes tenían amparos

Desalojan con violencia a 32 colonos en Escobedo, NL; 20 están detenidos

■ El IEV reclama el predio desde 2004; los vecinos aseguran que cuentan con contratos de compraventa

David Carrizales (Corresponsal)

Escobedo, NL, 17 de mayo. Sin mostrar órdenes de aprehensión y en forma violenta, policías estatales y del municipio de Escobedo desalojaron a 32 vecinos de la colonia Nueva Castilla, entre ellos dos niñas, además de Juan Balderas, abogado de los colonos, y Alfonso Aguirre, defensor de derechos humanos.

Apenas el jueves pasado los 32 vecinos, quienes forman parte de 75 familias, habían reingresado a la colonia amparados por una suspensión provisional que les concedió el juez primero de distrito en materia administrativa, David Cardoso Hermosillo, a fin de que no fueran despojados de sus viviendas.

La abogada Rocío Abigail Martínez informó que la Procuraduría de Justicia del estado inició una averiguación contra los colonos a partir de una denuncia que presentó hace cuatro años el Instituto Estatal de la Vivienda (IEV) por “despojo de inmueble”, siendo que los vecinos cuentan con sus contratos de compraventa, algunos hasta de cinco años antes, y no han sido oídos ni vencidos en juicio.

Anoche, unos 50 efectivos del Grupo Especial de Seguridad Extrema y municipales de Escobedo desalojaron y detuvieron a los vecinos.

La acción estuvo encabezada por el comandante José Luis Cruz y Fernando Torre Cueva, responsable de operativos especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y comandante de la Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo, respectivamente.

A dos menores de edad las pretendieron llevar a una casa hogar, pero finalmente fueron entregadas a otros familiares. Una más, de 16 años, fue remitida al Consejo Tutelar.

Como si fueran delincuentes, a los 32 detenidos se les tuvo incomunicados en la agencia del Ministerio Público número uno de Escobedo, mientras policías estatales y municipales impedían el acceso incluso a sus abogados, por lo que la mayoría rindió declaración sin la presencia de un defensor. Para este sábado 12 habían logrado su libertad, sin cargos, y se esperaba que el resto también saliera, pues no cometieron delito alguno, señaló Abigaíl Martínez.

Algunas mujeres lloraban ante el maltrato, pues desde diciembre de 2003 el gobierno del estado se dijo propietario de los predios que ellos ocupaban, algunos desde 1999, y debieron enfrentar acusaciones penales por despojo de inmueble o chantajes al serles ofrecido dinero a cambio de abandonar sus casas.

Las vecinas Patricia Borjón y Gabriela Bautista recordaron que hace cuatro años en Nueva Castilla habitaban 900 familias, pero unas 800 fueron obligadas a abandonar sus casas mediante amenazas y presiones para que vendieran a bajo precio, denuncias penales “por despojo”, o por la destrucción de las viviendas en cuanto salíande ellas.

Apenas el jueves pasado regresaron a sus casas luego que un juez les concedió un amparo contra actos del gobernador Natividad González Parás, del secretario de Gobierno Rodrigo Medina de la Cruz, y del procurador de Justicia Luis Carlos Treviño Berchelmann, a fin de evitar que los quejosos fueran despojados de los predios de 300 metros cuadrados, en promedio, que no les fueran confiscados los bienes que los agraviados dijeron tener en sus domicilios, y que no se les impidiera el libre tránsito.

La litigante Abigaíl Martínez afirmó que el IEV se dice propietario del predio, pero la gente que fue amparada por el juez Cardoso Hermosillo cuenta con los contratos de compraventa, anteriores aun al fideicomiso del gobierno estatal y ocho inmobiliarias para construir casas de interés social.