Sin derechos civiles y de salud
El matrimonio civil entre Mario y Diana “tiene sin duda un valor afectivo y social porque inaugura una nueva forma de unidad familiar; y también un valor significativo porque nos demuestra que los sueños tienen cabida y que es poniéndonos de cara a la sociedad como podemos lograr que se respete nuestra dignidad de personas”, aseguró el Frente Ciudadano Pro Derechos de Transexuales y Transgéneros (FCDTT).
En un texto dado a conocer durante la ceremonia civil en la que Diana y Mario –ambos transexuales– unieron sus vidas, la organización exhortó a legisladores federales y locales a aprobar las iniciativas de ley presentadas en la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en las que se garantizan los derechos civiles y de salud –como el cambio de nombre y género– a ese sector.
Por el hecho de transformar sus cuerpos, los transexuales, transgenéricos y travestistas (TTT), indicó, son víctimas de constante transfobia social e institucional, de odio, rechazo “irracional, discriminación y estigma intolerables”. Además, se les niega una identidad legal, acceso a servicios de salud, oportunidades laborales y educativas.
Por ello, “la aprobación de ambos proyectos (de reformas legales) nos perfila como una nación democrática, con un Estado que respeta y vela por los derechos de todos y todas, con un gobierno que promueve y cuida el capital humano indispensable para el progreso del país. Exhortamos a los diputados a que asuman su papel en la construcción de un país más incluyente. Los TTT somos ciudadanos que vivimos una situación de extrema vulnerabilidad”.
Ese sector de la población tiene derecho a la no discriminación, a no ser excluidos de espacios laborales, educativos y sanitarios por su apariencia o porque sus documentos oficiales no coincidan con su aspecto, aseguró la agrupación.
“Merecemos vivir sin violencia, con el reconocimiento legal de nuestra identidad, que asumimos independientemente de nuestro sexo o genitales, y con la que vivimos día a día”.
Agregó que en el país se debe garantizar a las personas TTT el derecho a vivir como cualquier persona, que se les brinden las condiciones para su desarrollo profesional, laboral, social y personal; así como formar una familia.