■ Dejar la politiquería que sólo retrasa la entrega de recursos, el reclamo
Divisionismo impide renovar directiva en el Congreso Agrario Permanente
Los dos bloques de organizaciones en que se dividió el Congreso Agrario Permanente (CAP) por su relación con el gobierno –unas en favor y otras en contra– rebasaron la tregua que se habían impuesto para renovar la dirigencia de ese organismo, creado en 1992 tras el cambio al artículo 27 constitucional.
Insertos en sus respectivas agendas, los dirigentes de las 12 organizaciones pospusieron el encuentro previsto para los primeros cinco días de mayo, en el que definirían la “ruta” de negociación con el gobierno federal, ya que por consenso definirían un programa de trabajo y la agenda de prioridades.
Tras duros señalamientos mutuos, el bloque identificado con el actual coordinador, José Luis González Aguilera, propuso a Margarito Montes Parra, dirigente de la Unión General Obrera Campesina Popular, para que ocupe la dirección del CAP, mientras que las organizaciones que impugnan la actual relación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación sostienen a José Durán como el “relevo idóneo”.
Ambos grupos reconocen que no están en las mejores condiciones de unidad, pero, dicen, “estamos haciendo esfuerzos para conservarla”, aunque continúan con las acusaciones mutuas de provocar divisiones, enfrentar a las organizaciones y “boicotear” los resolutivos en favor de los campesinos.
La diferencia surgió por la confirmación de Gerardo Sánchez García, entonces coordinador del CAP, de las organizaciones de esa agrupación en la movilización del 31 de enero de este año para exigir la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sánchez García, representante de la Confederación Nacional Campesina en el CAP, había cumplido un año al frente del congreso. En febrero, los dirigentes de Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Confederación Agrarista de México (CAM), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Unión General Obrero Campesina de México (UGOCM), Consejo Nacional de Sociedades y Unidades Campesinas y de Colonos (Consucc) y Unión General Obrera Campesina Popular (UGOCP) aseguraron que los dirigentes de las agrupaciones que descalificaron al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, como interlocutor, “sólo pretenden chantajear al gobierno” para quedarse con 90 por ciento de los recursos federales.
Tras la movilización de enero, Sánchez García sostuvo que en breve desaparecería el CAP y que en su lugar se conformaría un parlamento campesino. El señalamiento agudizó la confrontación entre ambos grupos. González Aguilera dijo: “ya es el momento de acabar con los cínicos en el campo”, en alusión a dirigentes campesinos que apoyaron, como funcionarios en instituciones públicas, al TLCAN y actualmente lo denostaban.
Guadalupe Martínez Cruz, dirigente de Consucc, demandó a todos los integrantes del CAP “mantener la unidad” y que dejaran “de hacer una política que sólo retrasa la aplicación de los recursos al campo”.
Víctor Alanís, de la UGOCP, acusó a la Confederación Nacional Campesina, a la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y al Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp, integrado con 15 agrupaciones) de “llorar como mujeres lo que no supieron defender como hombres”.
Y en medio de una tregua no acordada, ambas partes siguen por la pugna de la aplicación de los recursos para los programas del campo, mientras que la CNC y su dirigente, Cruz López Aguilar, no se sacudieron el señalamiento de “ser los principales promotores de la desarticulación campesina”.