■ Blanquiazules y del sol azteca, los que más recurren a las querellas
Asambleístas usan los juzgados para resolver sus diferencias políticas
A pesar de la pretensión de varios diputados locales por judicializar la política, las instancias judiciales y de fiscalización de esta capital no han estado a la altura de esa estrategia de los legisladores, y prácticamente ningún asunto ventilado ante las procuradurías General de la República, General de Justicia del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, contralorías internas o juzgados ha sido resuelto.
De acuerdo con información proporcionada por los mismos representantes populares, se observa que esa intención de judicializar la política se ha centrado, fundamentalmente, entre los diputados de las bancadas de PAN y PRD, quienes no han tenido límite para proceder contra funcionarios o ex funcionarios federales y locales, líderes partidistas e incluso contra otros compañeros.
En el caso de los panistas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, desde el pasado 15 de septiembre de 2006 y hasta la fecha han presentado 40 querellas de tipo penal o denuncias administrativas, lo mismo contra Alejandro Encinas, siendo jefe de Gobierno; Enrique Provencio, como ex titular de la Procuraduría Ambiental del DF, o las adelitas, sin que ninguna de las investigaciones haya concluido hasta ahora.
Baste mencionar que el récord de número de querellas presentadas en la bancada de Acción Nacional lo tiene Ezequiel Rétiz, con 13, la principal es la demanda de que se investigue y sancione al ex delegado en Coyoacán, Miguel Bortolini.
Respecto de los perredistas, contabilizan cerca de una veintena de denuncias. Así por ejemplo, Daniel Salazar, Sergio Cedillo y Elba Garfias, se querellaron en la Fiscalía para Delitos Electorales, de la PGR, ante la PGJDF y ante la Contraloría General por el cobijagate, en el que acusaron al director del DIF, Jesús Valencia, de estar implicado en el reparto de bienes en el contexto de su elección interna.