■ Aprueba punto de acuerdo para solicitar que emprenda acciones de emergencia
Replantear la estrategia de seguridad pública, pide la Permanente a Calderón
■ Debe devolverse la tranquilidad y el estado de derecho a la sociedad, plantean legisladores
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Elementos del Ejército Mexicano resguardan los accesos a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, como parte del operativo contra el narcotráfico y la delincuencia organizada
Foto: Marco Peláez
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió al presidente Felipe Calderón modificar la estrategia de seguridad pública y que tome las decisiones que sean necesarias para reducir de “manera urgente” el problema de la violencia y la delincuencia organizada, sobre todo en el estado de Sinaloa.
Ante la creciente ola de violencia en el país, la Comisión Permanente llamó a la administración federal a replantear, evaluar y diseñar las estrategias en la materia para “devolver la tranquilidad y el estado de derecho frente a los grupos del crimen organizado que han lanzado un reto abierto a las autoridades de los tres niveles” de gobierno.
La diputada Susana Monreal señaló que en el presente sexenio, según cifras extraoficiales, han ocurrido más de 4 mil ejecuciones en el país, es decir, 235 al mes y casi ocho al día.
La legisladora del PRD manifestó que aunque esta propuesta originalmente se había hecho con un planteamiento para Sinaloa, la verdad es que debe generalizarse para todo el país. Si bien es cierto, destacó, que en esa entidad han sido ejecutadas 300 personas, también lo es que hay un sinfín de ajustes de cuentas en varios estados.
Los diputados panistas hicieron un llamado en la Permanente para que se dé respaldo a las acciones que ha emprendido el gobierno federal contra el crimen organizado. “Debemos apoyar esta lucha sin regatearle nada a los esfuerzos que se llevan a cabo contra el narcotráfico, que está en guerra con el gobierno.”
En otro punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, la Comisión Permanente solicitó a los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, así como al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, que entreguen un informe de las metas, avances y logros en el combate al narcotráfico, y después de que el órgano legislativo analice la información podrá reunirse con los funcionarios referidos.
En el dictamen aprobado ayer, acerca de modificar la estrategia de seguridad pública, se indica que el país vive un severo clima de inseguridad en estados como Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Colima, Sonora, Querétaro y Tamaulipas, entre otros.
En el punto de acuerdo, aprobado por todas las fuerzas políticas, se destaca que el año pasado se cometieron más de mil homicidios atribuidos a las mafias, y uno de cada 10 ejecutados era policía. De acuerdo con esas estadísticas, han sido asesinados 108 agentes federales, estatales y municipales, así como 12 soldados.
También se da cuenta que en lo que va de la actual administración han sido ejecutadas más de 3 mil 600 personas por homicidios atribuidos a la delincuencia organizada; sólo este año se tiene un promedio de ocho asesinatos diarios con violencia, vinculados al narcotráfico.
Una situación como la que se vive precisa de manera urgente la acción decidida y coordinada de los tres órdenes de gobierno, sostienen diputados y senadores en el dictamen.