■ Fueron asesinados por paramilitares tres de sus compañeros
La CIDH solicita protección para 60 comuneros envueltos en un conflicto
Oaxaca, Oax., 21 de mayo. La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) dictó medidas cautelares en favor de 60 pobladores, todas ellas familiares, amigos y testigos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé, asesinados por un grupo de paramilitares priístas el 30 de abril pasado en Santo Domingo Ixcatlán, región de la Mixteca.
El presidente del Centro de Derecho Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, dijo que el grupo de paramilitares, encabezado por el ex presidente municipal Fredy Morales Arias, asesinó a las tres personas por oponerse a la venta de tierras del pueblo al municipio vecino, Chalcatongo de Hidalgo (con quien existe un conflicto agrario) a cambio de 40 millones de pesos y otro monto no definido para proyectos productivos.
Martínez Robles, de 60 años de edad, era secretario municipal del comisariado de bienes comunales y uno de los principales inconformes.
Explicó que el grupo de paramilitares actúa con “gran impunidad y saña”, pues tiene el respaldo del gobierno estatal, debido a la participación del ex munícipe en las brigadas blancas para agredir a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006.
“A uno de los fallecidos, Gustavo Castañeda, lo quemaron vivo en un taxi, mientras que al señor Melesio lo mutilaron.”
Destacó que la existencia del grupo de paramilitares “no es ajena para las autoridades federales y estatales”, porque el ex presidente municipal mandó a colocar a la entrada del pueblo una lona impresa con una fotografía suya acompañado de unas 15 personas con armas de alto poder y en el fondo un helicóptero.
Además, mencionó que la protección gubernamental a Morales Arias quedó en evidencia, pues cuando fue detenido por agentes de la policía ministerial del estado, el pasado día 18, estaba protegido por elementos de policía preventiva estatal.
Precisó que la CIDH solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 60 personas de Santo Domingo Ixcatlán, porque existen al menos 20 órdenes de aprehensión sin ejecutar en contra de seguidores del ex munícipe y por las amenazas de continuar los asesinatos.
Santiago Reyes dijo que el Estado mexicano deberá presentar en 10 días a la CIDH un informe sobre las medidas adoptadas para proteger a los 60 pobladores en riesgo.