El deber (¿obligación?) de proteger
Supongamos por un momento que en algún país se ha desatado, por razones políticas, religiosas o étnicas, una intensa violencia entre diversos grupos de la población. El gobierno de ese país no quiere o no puede restablecer el orden. La situación se va agravando y la comunidad internacional (léase el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) por fin empieza a examinar el caso. Ciertos miembros del consejo abogan por una intervención militar por razones humanitarias; otros invocan el principio de no intervención consagrado en la Carta de la ONU.
Sobre este principio la Carta dispone que la ONU no podrá intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Aquí la palabra clave es el adverbio “esencialmente”. Y es precisamente en torno de esta disposición que la opinión de la ONU ha venido evolucionando en las últimas décadas.
En teoría el Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la fuerza para contrarrestar una agresión. Así lo hizo en noviembre de 1990 en contra de Irak tras su invasión de Kuwait. También puede recurrir a medios militares para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. ¿Qué constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales? En marzo de 2003 Estados Unidos trató sin éxito de convencer al Consejo de Seguridad de que la supuesta existencia de armas de destrucción en masa en Irak constituía una tal amenaza. De ahí la decisión de Washington, con el apoyo de Londres, de actuar sin la autorización del Consejo de Seguridad.
En los últimos 20 años ha venido evolucionando el concepto de la intervención con fines humanitarios. La idea ha ido ganando adeptos y su origen puede encontrarse en la consternación de la comunidad internacional ante las muertes causadas por el hambre en Biafra. En 1967 esa región oriental de Nigeria se proclamó independiente y se desató una guerra civil que duró hasta 1970. Hubo un millón de muertos, muchos de ellos por hambre. A raíz de esa catástrofe humanitaria y de la impotencia de la comunidad de proporcionar ayuda a los habitantes de Biafra se fundó en Francia una organización no gubernamental llamada Médecins Sans Frontières. Uno de sus fundadores fue Bernard Kouchner, hoy ministro de Relaciones Exteriores de Francia. La meta de la organización es promover el derecho a la intervención humanitaria.
Con el tiempo la ONU hizo suya la idea de que existe un derecho de intervenir por razones humanitarias. Aquí se ha intensificado el pleito entre los que defienden ese tipo de intervención y los que abogan por la soberanía del Estado aun en casos de una crisis humanitaria.
En 2001 Canadá propuso que más que un deber o derecho de intervenir por razones humanitarias existe la obligación o responsabilidad de hacerlo. La ONU aceptó la propuesta que ahora figura en las conclusiones de la cumbre de 2005. Ahí se habla de la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Es más, los miembros de la ONU declaran estar dispuestos a recurrir a medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados para ayudar a proteger a las poblaciones de esos crímenes. Pero de no surtir efecto dichos medios pacíficos, el Consejo de Seguridad podría recurrir al uso de la fuerza militar.
Ahí no se habla de violaciones de derechos humanos o de las consecuencias de los desastres naturales. Empero lo ocurrido en Myanmar (Birmania) a últimas fechas ha dado pie a una interpretación mucho más amplia de esa responsabilidad de proteger.
El próximo sábado se cumplen tres semanas desde que el ciclón Nargis asoló Myanmar (Birmania). La junta militar que dirige el país desde hace dos décadas rehúye los contactos con el exterior y permite con cuentagotas la entrada a extranjeros. Su reacción inicial ante el desastre natural fue predecible. Aquí –dijeron los militares– nos encargamos nosotros. Pese a la dimensión de la tragedia humana, no aceptaron la ayuda que la comunidad internacional puso de inmediato a su disposición. Luego empezaron a permitir la entrada de un poco de ayuda, mas no de los funcionarios internacionales encargados de su distribución.
La cerrazón del gobierno militar fue fuertemente criticada por la comunidad internacional. Hoy se calcula que ha habido más de 100 mil muertos y habrá muchos más cuando empiecen las epidemias entre los sobrevivientes.
El secretario general de la ONU insistió en la necesidad de que la ayuda humanitaria pudiese llegar a las víctimas. Pero Ban Ki-Moon conoce muy bien los temores de la junta militar de Myanmar. Ésta teme que, bajo la bandera de la ayuda humanitaria, se busque intervenir políticamente para cambiar al régimen. De ahí la cautela con que ha ido actuando el secretario general. Apenas hoy iniciará una visita a la zona del desastre.
La reacción de algunos países ha sido mucho más vigorosa. Ante la lentitud de las acciones del gobierno de Myanmar y su rechazo a la ayuda internacional ofrecida, Francia observó que lo que estaba haciendo o dejando de hacer ese gobierno podría convertirse en un crimen de lesa humanidad. Reino Unido también ha sido muy crítico de la junta militar.
Francia llegó a proponer que se entregara la ayuda humanitaria por la fuerza y sin el permiso del gobierno de Myanmar. Apenas una cuarta parte de las víctimas ha recibido ayuda. Se calcula que son más de 2 millones de personas que requieren auxilio.
Finalmente, el pasado lunes el gobierno de Myanmar aceptó que sus vecinos del sureste asiático coordinaran la ayuda extranjera destinada a las víctimas del ciclón. Esa decisión fue en parte una concesión a la presión internacional encabezada por París.