■ De acuerdo con los magistrados, son aplicables lineamientos nacionales e internacionales
Atrae la SCJN caso de pederastia en una escuela privada de Oaxaca
■ La intervención del máximo tribunal podría poner al descubierto una red de abuso de menores
■ Beneplácito de la madre de la víctima; la decisión es “una muestra de sensibilidad”, afirma
Ampliar la imagen La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de la violación de un menor en una escuela privada de Oaxaca pára determinar si el proceso judicial que se ha seguido contra los presuntos responsables garantiza los derechos de la víctima Foto: Notimex
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la presunta violación de un niño de cuatro años cometida en el Instituto San Felipe, uno de los colegios privados de mayor renombre en la ciudad de Oaxaca, podría poner al descubierto una red de pederastia en la entidad y es de tal trascendencia que debe ser analizada por el máximo tribunal del país.
Ésta es la primera ocasión en que la SCJN admite revisar un caso de pederastia que podría estar relacionado con pornografía infantil y abuso de menores.
Con el criterio de que se trata de un asunto que involucra normas nacionales y convenciones internacionales, los ministros de la primera sala atrajeron tres demandas de amparo en revisión interpuestas por Adán Salvador Pérez y Hugo Gabriel Constantino García, presuntos violadores del menor, y un tercero interpuesto por la profesora Magdalena García Soto, acusada de ser cómplice.
En contra de los tres se libró orden de aprehensión y la única detenida es García Soto.
Este caso se hizo público en 2006, cuando Leticia Valdés Martell, hija de un reconocido urólogo de Oaxaca, denunció ante la Procuraduría de Justicia de esa entidad a los presuntos responsables del abuso sexual de su hijo y acudió a medios de comunicación estatales y nacionales para exigir castigo a los responsables.
La mujer recibió apoyo de organismos no gubernamentales y grupos vinculados con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Sin embargo, algunos grupos apoyaron a la directora del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez; a su esposo, Hugo Gabriel Constantino, así como a los demás implicados, e incluso publicaron desplegados en la prensa y realizaron protestas callejeras en contra de la madre afectada.
Ayer la primera sala de la Corte resolvió ejercer su facultad de atracción. “A dos de las tres personas que pidieron el amparo se les giró orden de aprehensión y a la tercera auto de formal prisión, según se desprende de los amparos 48/2008, 34/2008 y 49/2008, del índice del segundo tribunal colegiado con sede en Oaxaca”, explicó la SCJN en un comunicado.
Decisión inédita
Los ministros argumentaron que la atracción también obedece a que se trata de un caso de violación equiparada de un menor de edad.
Ésta es la primera ocasión en que se le pide a la SCJN atraer un caso de abuso sexual de un niño. “La víctima no solamente cuenta con las garantías de la Constitución, sino también con la protección y tutela de un instrumento internacional cuya observancia es obligatoria, lo que llevaría a establecer lineamientos específicos para casos como el presente”, resolvió la primera sala.
De acuerdo con la averiguación previa 191/DS/ 2007, iniciada por la denuncia presentada por la madre del menor, entre septiembre y noviembre de 2006 el maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez se confabuló con la maestra Magdalena García Soto y con el esposo de la directora para abusar sexualmente del hijo de Leticia Valdés en uno de los salones de la institución, donde había cámaras de video.
En Oaxaca, Leticia Valdés Martell, madre del menor, expresó su beneplácito por la decisión de la SCJN. “Es una demostración de sensibilidad de los magistrados”, afirmó.
José Bonilla Sada, el abogado de Leticia Valdés, dijo que su clienta solicitó a la SCJN en febrero revisar los amparos promovidos por los presuntos responsables porque no tiene confianza en el Tribunal Superior de Justicia del Estado ni en algunos magistrados del Poder Judicial de la Federación porque “actúan bajo consigna del gobierno estatal”, acusó.
Asimismo, confió en que la SCJN actué conforme a Derecho, y que no se libere de responsabilidades a los acusados. “Queremos justicia, la vamos a esperar”, dijo Bonilla Sada.