■ Se busca dar la vuelta a la Carta Magna con modificaciones a leyes secundarias, advierten

García Ramírez, Carrancá y Garrido: la reforma a Pemex, inconstitucional

■ Se “traslucen” cambios a la ley suprema que “no confiesan su identidad”, dice el primero de ellos

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Los juristas Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido advirtieron ayer que la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta por Felipe Calderón es inconstitucional, toda vez que pretende modificar un precepto fundamental de la Carta Magna y privatizar la industria petrolera mediante simples cambios a leyes secundarias.

García Ramírez advirtió sobre la intención de ir más allá: “Hoy no se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”.

El jurista, ex funcionario público y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alertó también a los legisladores: “Si erramos en abrir una puerta, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizá no podamos cerrarla mañana”.

Durante el cuarto foro de discusión sobre las iniciativas en torno a la apertura de Pemex al capital privado, dedicado al igual que la sesión anterior a su análisis constitucional, Carrancá y Rivas recalcó también que las iniciativas del Ejecutivo se oponen flagrantemente a la Constitución, a la que pretenden rebasar con leyes secundarias.

¿Caballo de Troya o iniciativa?

Consideró un auténtico “caballo de Troya” dentro del cuerpo normativo de la Carta Magna la propuesta de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, toda vez que se intenta dejar en manos de empresas privadas la refinación de petróleo y su transporte, además de posibilitar que Pemex celebre contratos de obra con personas físicas y morales.

Carranca y Rivas sostuvo que Calderón puede ser sujeto a juicio político por presentar este paquete de reformas. El jurista, profesor universitario y abogado, como él mismo se presentó ayer en ese foro, realizado en el patio central del Senado, añadió: “No es lógico que carezca de responsabilidad el presidente si incurre –y en mi opinión ha incurrido– en un flagrante violación constitucional”.

En ese mismo tenor, el jurista, profesor universitario y politólogo Luis Javier Garrido pidió a los legisladores “mandar al basurero de la historia” las iniciativas de Calderón –al que se refirió siempre como “espurio” y “presidente de facto”– porque en su afán de privatizar el petróleo violan “el principio inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, en particular los hidrocarburos”.

Se transgrede, detalló, el principio de la supremacía constitucional, se viola el principio de exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa de otorgar concesiones y contratos a particulares, y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como áreas estratégicas.

Los tres juristas coincidieron en el riesgo que representa cambiar preceptos constitucionales con modificaciones a leyes secundarias. García Ramírez advirtió que si la legislación reglamentaria corrige a la ley suprema quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Bastaría con tener el control de la oportunidad, dijo, para que “una simple mayoría” de legisladores pudiera “dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes”.

García Ramírez explicó que el Constituyente de 1916-17, en el dictamen sobre el artículo 27, reservó para la nación la explotación “del petróleo o cualquier otro carburo de hidrógeno sólido, líquido y gaseso”, y una vez hecha la expropiación petrolera el presidente Lazaro Cárdenas sugirió al Congreso una reforma que precaviera frente a “problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, con el propósito de que sea el Estado el que tenga control absoluto de la explotación petrolífera”.

Resaltó que bajo el concepto de industria petrolera, el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo señala una suma de actividades estatales exclusivas y excluyentes: “Su texto traduce la voluntad constitucional y mantiene el rumbo dispuesto por ella. Reafirma el carácter público no sólo de Pemex, sino de la industria en la amplia acepción que le asigna el propio artículo tres. Todo ello conforma –dice el artículo cuarto del mismo ordenamiento– las áreas estratégicas a las que se refiere el artículo 28 constitucional”.

Por su parte, Carrancá y Rivas advirtió que las leyes reglamentarias son para reglamentar y no pueden estar por encima del texto supremo. A su vez, Luis Javier Garrido calificó de “tentativa de fraude a la Constitución” que se violen principios centrales de la misma por medio de una legislación secundaria y con el fin de “desmantelar a la nación en beneficio de los grandes consorcios”.