■ Como está, la Corte podría echarla para atrás, advierten juristas
Recomiendan limpiar la iniciativa
Los cinco juristas que ayer defendieron en el Senado las iniciativas de Felipe Calderón para reformar Pemex sostuvieron que éstas no vulneran la Carta Magna, pero al mismo tiempo cuatro (Miguel Carbonell, Elías Romero Apis, Sergio López Ayllón y José Roldán) aconsejaron a los legisladores corregir e incluso “limpiar” la propuesta presidencial para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declare inconstitucional.
Todos, junto con el panista Fauzi Hamdán, argumentaron que el artículo 27 constitucional sólo habla de “explotación” de petróleo, por lo que la prohibición para que intervengan particulares no incluye la refinación del crudo ni el transporte del mismo.
El ex subprocurador general de Justicia del Distrito Federal Romero Apis les aconsejó reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para definir con claridad el concepto “explotación” y acabar así con los problemas de inconstitucionalidad.
Insistió en que el proyecto de Calderón es desaseado “y limpiarlo tampoco dañaría a nadie”. Puso de ejemplo la propuesta de incluir en la Ley Orgánica de Pemex el acceder a someterse a la jurisdicción de tribunales internacionales.
Precisó que “la jurisdicción extranjera no depende de esta ley, sino de otras superiores. Por ejemplo: los tratados o los principios internacionales de derecho. Por ello es innecesario que éstas prebendas las demos antes de que nos las pidan”, apuntó.
Romero Apis dijo a los legisladores: “Advierto tres aspectos esenciales en esta cuestión. La primera es que existen algunas normas de la reforma que entran en colisión con la Constitución de la República, pero que no tienen ningún efecto jurídico concreto ni producen ningún perjuicio real, aunque pueden resultar repugnantes para muchos mexicanos.
“Mi segundo planteamiento es que no advierto ningún precepto en esta iniciativa que, de manera real, produzca efectos contrarios al imperio de la Constitución de la República y, tercero, es que sí advierto diversas fórmulas normativas que corren el peligroso riesgo de ser declaradas inconstitucionales por la justicia federal”.
También el doctor Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que el artículo 27 constitucional “no es muy claro en sus alcances y suscita dudas de varios tipos respecto del significado concreto que se le puede o debe dar a algunos de sus párrafos”.
Señaló que en las iniciativas del Ejecutivo “se debe estudiar cada una de sus partes por separado, y creo que al hacerlo así se van a detectar cuestiones que son del todo compatibles con la Constitución y otras que lo son menos o que están en la frontera de la inconstitucionalidad”.
Enumeró los aspectos de las iniciativas que “valdría la pena considerar, ya que sí pueden suponer un eventual conflicto con normas constitucionales: los miembros del consejo de administración deben estar sujetos al régimen general de responsabilidades de los funcionarios públicos si es que cobran del erario. Si tuvieran carácter honorario no, pero al cobrar del erario y ejercer actos de autoridad a través de su participación en un órgano colegiado público, devienen en funcionarios públicos”.
La contratación directa por parte de Pemex de deuda externa vulnera al artículo 73 fracción VIII constitucional, subrayó Carbonell, y dijo que “convendría acotar la facultad para que la autorización final recaiga en el Ejecutivo”.
Otro señalamiento del experto fue que “ningún comité interno de Pemex debería tener facultades para dictar normas en las excepciones de licitaciones, sino que deben regirse de acuerdo con lo que señala el artículo 134 constitucional”.
Tampoco conviene dejar “facultades omnímodas a comités internos de Pemex para fijar remuneraciones; todas deben estar establecidas en términos generales en el Presupuesto de Egreso”.
El académico del ITAM José Roldán Xopa destacó que un problema grave en Pemex lo constituye la participación del sindicato en el consejo de administración:
“No puede darse de manera eficaz un mejoramiento en el desempeño de la empresa mientras subsista el conflicto de intereses en el órgano de gobierno, además de que la garantía en exclusiva de la participación de un solo sindicato atenta contar la libertad sindical”.
El panista Fauzi Hamdan defendió los contratos de servicios múltiples y expuso: “No nos hagamos pelotas: es tan simple el concepto de explotación, sólo es el líquido”.
También el especialista del CIDE, Sergio López Ayllón consideró que la propuesta calderonista se ajusta al marco constitucional, aunque “acaso resulte necesario modificarla en algunos puntos específicos para robustecer su congruencia con la Constitución y evitar futuras controversias”.