■ Aunque existe colaboración bilateral suficiente, se quiere vulnerar al gobierno, afirman
Rechazan funcionarios certificación estadunidense por la Iniciativa Mérida
■ Reconocen que policías y militares aún cometen excesos, pero “han disminuido sensiblemente”
México no tiene por qué ser sujeto de una nueva forma de certificación de Estados Unidos con la aprobación de recursos de la llamada Iniciativa Mérida, pues la colaboración bilateral conocida como “espejo” entre agencias policiacas y militares de ambos países, permite conocer de manera inmediata los resultados de la lucha contra la delincuencia organizada en un marco de corresponsabilidad, aseguraron funcionarios federales que participan en el gabinete de seguridad.
Los entrevistados mencionaron que Estados Unidos no tiene por qué condicionar su apoyo a determinadas acciones en materia de derechos humanos, puesto que México ha implementado programas que han disminuido sensiblemente los abusos policiacos y militares.
“México ha construido en los últimos años una nueva visión y cultura de los derechos humanos. Si bien hay elementos policiacos o militares que cometen excesos, lo cierto es que ha disminuido el número de quejas y hasta de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, refirieron los funcionarios federales de áreas de vinculación internacional en los ámbitos de seguridad pública y procuración de justicia.
Coincidieron en que “Estados Unidos planea que la estrategia de combate debe ser conforme a una visión unilateral, cuando sus propias autoridades han hecho reconocimientos recientemente al gobierno mexicano por logros obtenidos, y también por la cooperación alcanzada entre las agencias policiacas de ambas naciones.
“El problema es que se quiera vulnerar la actuación gubernamental con mecanismos de evaluación subjetiva, ya que sus agentes conocen de manera directa las investigaciones en razón de los llamados operativos espejo, y a la existencia de un intercambio de información en tiempo real entre ambos gobiernos”, indicaron.
Cabe recordar que congresistas estadunidenses continúan los procedimientos para la aprobación de entrega de 350 millones de dólares al gobierno de México como apoyo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo, este proceso se ha convertido en un mecanismo de presión para asegurarse de que los receptores del apoyo “no están involucrados en corrupción o violaciones a derechos humanos, y que integrantes de las fuerzas militares y policiacas que cometan violaciones sean llevados ante la justicia”.
Los funcionarios entrevistados señalaron que las declaraciones de congresistas estadunidenses carecen de fundamento, pues “deberían saber que los agentes gubernamentales que han cometido abusos han sido puestos a disposición de jueces, ya sea en el ámbito castrense o civil, como ocurrió con los soldados que asesinaron a unos jóvenes en Sinaloa”.