■ El proyecto pretende revocar la concesión cuando se niegue el acceso a tiempos oficiales
Propondrá el PAN endurecer las sanciones a radio y tv que violen la legislación electoral
Senadores del PAN presentarán hoy ante la Comisión Permanente reformas secundarias en material electoral, a fin de sancionar con mayor severidad a los concesionarios de radio y televisión que incumplan con la legislación en la materia.
Se trata de reformas a Ley Federal de Radio y Televisión y al Código Penal Federal que contemplan revocar las concesiones a los adjudicatarios que violen las nuevas disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Las iniciativas, propuestas por el senador panista Ricardo García Cervantes y otros legisladores de su bancada, proponen que se aplique la sanción máxima, que es revocar la concesión para operar medios electrónicos, cuando se incumpla con el acceso a tiempos oficiales a los partidos políticos y también cuando la televisora o estación de radio viole la disposición que prohíbe a particulares la contratación de espots. Como complemento se propone reformar el Código Penal Federal a fin de sancionar con prisión de hasta 3 años a quienes contraten “espacios noticiosos” en radio y televisión con fines electorales.
Las sanciones aplican también para quien contrate o ceda tiempo en medios electrónicos para difundir propaganda en favor o en contra de cualquier partido político o candidato.
En la exposición de motivos García Cervantes explica que la iniciativa busca armonizar las disposiciones recién aprobadas en materia electoral, a fin de tipificar las conductas sancionables. En ese sentido, explicó, la reforma al Código Federal es fundamental para la construcción del marco jurídico nacional en la materia, “pues no es admisible que la omisión en la ley sea utilizada para la realización de conductas contrarias a los principios y normas que rigen los procesos comerciales”.
Detalló que en el Código Penal Federal se incluye a nuevos sujetos en materia de delitos electorales, entre ellos ciudadanos, precandidatos y en general cualquier persona física o moral.